El TSJ obliga al PSOE a pagar 50.000 euros tras perder su pleito contra Panoramis

S. ESCRIBANO Diez años han pasado desde que el PSOE, junto con la extinta Nova Esquerra, intentaran paralizar la construcción del complejo Panoramis. Los recursos que presentaron llegaron hasta el Tribunal Supremo, que en 2004 denegó la petición de los socialistas y les condenó a pagar las costas del procedimiento judicial. Ante el impago de la cantidad acordada, la empresa Marina de Poniente S.A. se dirigió este año al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que ejecutara el pago, algo que el tribunal ha fijado en un auto en el que obliga a los socialistas a abonar 50.000 euros en el plazo de diez días bajo la advertencia de que si no lo hacen se les embargarán bienes por ese valor. Aunque la resolución judicial está fechada el 17 de septiembre, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Roque Moreno, insistió en que recibieron ayer el escrito y reconoció que no tendrán más remedio que pagar.

El auto, al que ha tenido acceso este diario, está originado por la demanda que la empresa que construyó el centro de ocio presentó en enero de 2009 para poder cobrar el dinero que se gastó en abogados durante el procedimiento y que el PSOE fue condenado a pagar tras perder los recursos interpuestos. La cantidad inicial que debían abonar los socialistas a la mercantil ascendía a 31.430 euros, que se han elevado a 50.147 por los intereses. Ante la "notoria desaparición" del Partit Democràtic de la Nova Esquerra, el TSJ se dirige únicamente contra el PSOE, al que requiere el pago en un plazo de diez días "transcurridos los cuales se procederá al embargo de bienes de su propiedad por la cantidad reseñada".

Fue en febrero de 1999 cuando el PSOE, con José Antonio Pina a la cabeza, y Nova Esquerra, liderada por Pablo Rosser, pidieron la paralización de la construcción del complejo y anunciaron un recurso ante el TSJ contra la licencia de obras concedida a Marina de Poniente al considerar que el proyecto supondría un "daño irreparable" para la ciudad. El tribunal autonómico desestimó la petición y los recursos de los políticos llegaron hasta el Tribunal Supremo, que no se pronunció hasta 2004, cuando Panoramis ya se había construido. El TS volvió a rechazar la pretensión de los socialistas amparándose en "la defensa de los intereses generales por la evidente utilidad social que supone un centro lúdico-comercial como el que se trata, y porque la inmediata implantación de ese centro significa una más rápida atención de la necesidad social a la que pretende dar satisfacción".