La Generalitat extiende el pago aplazado a obras ya adjudicadas

JULIA RUIZ El Ejecutivo que preside Francisco Camps no quiere renunciar a sus planes de infraestructuras, pero lo cierto es que cada vez tiene más dificultades para sufragar sus actuaciones. De momento, la Conselleria de Economía y Hacienda ha optado por generalizar la modalidad del pago aplazado para hacer frente al grueso de sus planes de obra pública. Este sistema, conocido como método alemán, supone trasladar a la empresa adjudicataria la financiación del proyecto. La Administración paga una vez terminado los trabajos, pero con sus intereses de demora.
Aunque la cláusula del pago aplazado encarece las obras y está desaconsejada por organismos como el Tribunal de Cuentas, el Consell se reserva la potestad de utilizarla el año que viene en una amplia gama infraestructuras públicas. Así consta en el anteproyecto ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2010 a cuyo texto ha tenido acceso este diario. En concreto, el Consell se habilita para utilizar el método alemán en las infraestructuras relativas a los planes de puertos y aeropuertos; acondicionamiento y defensa de la costa, actuaciones en el casco histórico-artístico y nuevas infraestructuras y equipamiento urbano. Además, según el anteproyecto, el Consell "previa aceptación del contratista" podrá "modificar los contratos en vigor de las infraestructuras públicas reseñadas para incluir el aplazamiento".
Aunque de forma paulatina el Ejecutivo valenciano ha ido introduciendo el método alemán en infraestructuras como carreteras y transporte, es la primera vez que se reserva por ley la posibilidad de modificar las condiciones de un contrato ya en vigor. Aunque queda establecido que la modificación necesitará el visto bueno de la constructoras adjudicatarias, se trata de una medida que sin duda generará inquietud en el sector. Además, respecto a otros ejercicios, resulta también llamativo que el Consell generalice esta fórmula que, en teoría, debería aplicarse sólo en casos puntuales dado el lastre que supone para las arcas públicas. Un estudio realizado en su día por el Tribunal de Cuentas sobre 33 obras adjudicadas en la época de Aznar determinó que el sobrecoste alcanzó el 31% del valor de los proyectos.
Además de las infraestructuras citadas, la Conselleria de Justicia ha prorrogado su potestad para introducir la cláusula del pago aplazado en el Plan de Innovación de Sedes Judiciales. Esta posibilidad, que permitía al Consell pagar las obras judiciales en un plazo máximo de diez años, ya se reguló en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2008. En concreto, la autorización afectaba a las sedes judiciales de Torrent, Xàtiva, Mislata, Alicante y Villena que se construyeran en 2008. Dado el retraso en la ejecución de estas actuaciones, la conselleria prorroga a 2010 la autorización para introducir el método alemán.