Los juristas defienden que la Policía pueda investigar chats y foros sin orden judicial

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Que la Policía pueda investigar foros y chats de internet sin necesidad de órdenes judiciales para perseguir delitos informáticos. Ésta es una de las conclusiones del Congreso de Derecho Penal que durante dos días se ha celebrado en Alicante y que ayer clausuraron el director general de Justicia, Antonio Gastaldi, y la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares. Más de 350 especialistas en Derecho, fiscales, jueces, abogados y miembros de las fuerzas de seguridad han estado debatiendo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a su juicio se ha quedado obsoleta para afrontar los nuevos retos que ofrece la criminalidad actual.
El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, explicó que el problema que ofrece la actual legislación para investigar los delitos por internet es que no dice absolutamente nada. Por ello, el congreso ha recogido entre sus conclusiones una propuesta para este problema. La reforma planteada es que los agentes no necesiten autorización judicial para intervenir y controlar las zonas públicas de internet, como pueden ser foros y chats, a la hora de rastrear las actividades de una red de pornografía infantil. Por el contrario, esta orden del juez sí que sería necesaria en las comunicaciones privadas, como son los correos electrónicos.
Este congreso de Derecho Penal es el foro donde jueces, fiscales y policías tratan de coordinarse y unificar criterios a fin de mejorar los resultados de las investigaciones y evitar que luego queden anuladas por defectos de forma. En estos días se ha hecho una propuesta legal de cómo deben regularse las órdenes de registro, los pinchazos telefónicos, la obtención de muestras de ADN, entre otras materias. La totalidad de los ponentes coinciden en señalar que la actual ley está desfasada y precisa ser reformada con urgencia, a fin de garantizar que no queden impunes hechos delictivos por errores puramente formales. Estas conclusiones se van a remitir tanto al Ministerio de Interior como de Justicia para que las estudien.
Otro de las conclusiones destacadas de este congreso es que las grabaciones privadas de una persona con otra tampoco deban requerir una orden judicial y por tanto pueden ser válidas como prueba en un juicio. Los expertos abogaron ayer por la creación de una gran base de datos conectada a Interpol, con datos genéticos de las personas imputadas en hechos criminales.
Por su parte, el director de Justicia de la Generalitat, Antonio Gastaldi, señaló ayer durante su intervención en la clausura del congreso que la actualidad ha puesto en evidencia lo necesario que es que se acometa una reforma de estas materias, en alusión clara a las intervenciones telefónicas. "Se trata de buscar el equilibrio en el binomio libertad y seguridad para que los dos extremos de la balanza permanezcan en equilibrio", aseguró.