Las prestaciones económicas para el cuidado de personas dependientes en el entorno familiar suponen uno de cada dos casos en la Comunidad Valenciana y superan ya a los ingresos en residencias. Esta herramienta, que la Ley de Dependencia preveía otorgar excepcionalmente, está siendo la más utilizada en la Comunidad -también en el resto del país- frente a otro tipo de servicios recogidos en la norma, como la ayuda a domicilio o la atención en centros de día.

Elvira Antón, vecina de Alicante de 56 años, es una de las beneficiarias de esta prestación. Solicitó hace dos años la valoración como gran dependiente de su hijo Elio, de 14 años, aquejado de una parálisis cerebral que le impide el habla y la movilidad y le obliga a ir en silla de ruedas. En agosto obtuvo la resolución del PIA (plan individualizado de atención) para recibir una prestación por cuidado familiar de su hijo, reconocido como gran dependiente, que ella firmó en marzo, tras lo cual se dio de alta en la Seguridad Social.

"Yo hubiera preferido que un profesional cuidara a mi hijo al salir del colegio o que fuera a un centro de día, y así poder trabajar yo, ya me gustaría, pero los trabajadores sociales te aconsejan que pidas tú la prestación económica porque con ese dinero no llega para pagar a otra persona, a la que le tienes que dar de alta en la Seguridad Social", indica Elvira, que opina que a la Administración "le sale mucho más a cuenta darte 500 euros al mes que si lo llevas a un centro, por ejemplo, que sale más caro".

Ella rechaza que las familias de personas dependientes soliciten más esta prestación con motivo de la crisis "porque con ese dinero no llegas ni a la mitad de los gastos de un hijo que necesita atención las 24 horas, esto no te resuelve la vida, desde luego. Y yo, gracias a que tengo ayuda de mi familia y que la casa la tengo pagada, porque si tuviera que pagar una hipoteca o un alquiler, no podría. En Italia, donde vivíamos antes, mi hijo sí tenía una pensión, pero aquí no, y su padre tampoco le pasa nada de dinero", apunta esta madre separada.

La Conselleria de Bienestar Social ha concedido hasta el pasado 1 de octubre 21.747 prestaciones en la Comunidad Valenciana, la mitad de las 43.382 con derecho a prestación, según datos del Imserso. De ellas, 11.381 han sido a cuidadores familiares, que se sitúan en primer lugar y suponen el 52% de los planes individuales de atención (PIA) aprobados, seguidas de 9.341 ingresos en residencias, públicas o concertadas (42,9%).

Lejos de estas cifras se encuentran las 527 autorizaciones para prestaciones económicas vinculadas a servicios -cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado- y las 497 concedidas para estancias en centros de día o de noche que, juntas, suman un 5 por ciento.

Cabe destacar que la Comunidad Valenciana -junto a Aragón, Baleares y Canarias- no ha concedido aún ninguna prestación de asistente personal, ni de servicios de ayuda a domicilio (SAD), teleasistencia o prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. Es decir, que Bienestar Socia no ha incorporado estas actividades a su cartera de servicios con la ley, como sí lo han hecho otras autonomías, y parte de ellos, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, se sigue prestando por ayuntamientos o diputaciones, con recursos limitados.