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En un comunicado, González Pons responde a las acusaciones de Francisco Correa, quien se jacta de poder desbloquear una recalificación de terrenos en La Nucía (Alicante) por su contacto con él, según se desvela en la parte hecha pública del sumario del caso Gurtel.
El político del PP avisa que tomará medidas legales contra cualquiera que insinúe que sus actuaciones vulneraron la legalidad en algún momento.
Con respecto al caso de La Nucía, explica que la propuesta de ordenación presentada en 2005 siguió todos los trámites previstos en la ley.
Recuerda que las reclasificaciones de terrenos son aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo formada, entre otros, por la Generalitat, los sindicatos, el Colegio de Arquitectos, Universidades y asociaciones empresariales, así como por diferentes instituciones dependientes del Gobierno central.
Precisa que en junio de 2007 se emitió la declaración de impacto ambiental que contempló, entre otras condiciones, la necesidad de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que garantizase la existencia de recursos hídricos suficientes y autorización de ocupación de dominio público.
Explica que ese informe condicionaba la validez de la declaración ambiental y dificultaba la viabilidad urbanística del proyecto y precisa que el carácter resolutorio del dictamen de la Confederación es "inhabitual" en las declaraciones de impacto ambiental.
González Pons aclara que en octubre de 2008, cuando ya no era consejero, la Confederación emitió un informe desfavorable y quedó sin efecto la declaración de impacto ambiental, "que hizo imposible el proyecto".
Destaca que la Audiencia Nacional, en febrero de 2009, en un comunicado desmintió "las informaciones sobre el sumario que pretendían vincularme con la comisión de un delito o irregularidad".