La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investigue los indicios de una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana que revela un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.
En un comunicado, la Fiscalía señala que recibió ese informe, llamado "Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana", el pasado mes de agosto, al mismo tiempo que los instructores del caso en el TSJM y en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV).
Como el TSJCV decidió archivar la parte del caso que instruía -referida a los regalos recibidos de la trama corrupta por el presidente valenciano Francisco Camps y otros altos cargos de la Generalitat-, el informe ha sido incorporado a las diligencias que se siguen en el TSJM. Por ello, Anticorrupción pidió ayer al magistrado Antonio Pedreira que ordene "la práctica de determinadas diligencias a fin de esclarecer y comprobar los hechos a que se refiere el informe policial de 31 de julio". Hasta que Pedreira resolvió incorporarlo el lunes a la investigación de la trama Gürtel en Madrid, el informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP regional se encontraba en un limbo judicial al no estar sujeto a ninguna de las instrucciones que se siguen para investigar la red corrupta del caso.
Entre otras muchas conclusiones, en ese informe se recoge que el PP de la Comunidad pagó supuestamente más de seis millones de euros en dinero negro a la trama ilegal por actos del partido, según la doble contabilidad intervenida a Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel. En el trabajo de la Brigada de Blanqueo de Capitales también se refleja que varias constructoras de la Comunidad -entre ellas la alicantina Ortiz e Hijos- contribuyeron a la financiación irregular de los populares mediante el abono de facturas a Orange Market por servicios no prestados y que, en realidad, correspondían a cantidades pendientes de pago por actos del PP organizados por la empresa de El Bigotes. Asimismo, el informe incluye la transcripción de conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial, de las que se desprende que la cúpula del PP regional estaba al corriente de la operativa para la financiación ilegal. Desde el secretario general Ricardo Costa al vicesecretario de Organización, David Serra, pasando por el propio presidente Francisco Camps y la tesorera Yolanda García-Ramos.
