136 jueces de Alicante, convocados a la huelga

EFE Un total de 460 jueces de la Comunitat Valenciana está convocado el próximo jueves a la segunda huelga de la Administración de Justicia en España, después de que el pasado 18 de febrero se celebrara una primera, en la que esta autonomía registró la participación más alta del país.

Entre magistrados de órganos unipersonales de capital de provincia y de los partidos judiciales provinciales, son 188 los jueces llamados a la protesta en la provincia de Valencia, 136 en Alicante y 43 en Castellón.

A estos se suman 93 jueces de las tres audiencias provinciales y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según datos facilitados a EFE por este órgano.

Los jueces reclamarán al Gobierno central, entre otras medidas, la creación urgente de nuevos juzgados, la equiparación porcentual de su número con la media de la Unión Europea y, en general, más inversión para impulsar una "verdadera" modernización de la Justicia en España.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que convoca la protesta en esta ocasión -la anterior estuvo abanderada por la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, denuncia con esta huelga el incumplimiento de los compromisos que, a su juicio, ha cometido el Gobierno en su Plan de Modernización de la Justicia.

El relevo de Mariano Fernández Bermejo por parte de Francisco Caamaño al frente del Ministerio de Justicia y las "buenas intenciones" del nuevo ministro no son "suficiente" para la APM, que remitió el pasado jueves el preaviso de huelga a Caamaño, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y a los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Desde la APM, una de las cuatro asociaciones de jueces mayoritarias de España, consideran que el "largo proceso" de reivindicaciones y negociaciones con el Ministerio de Justicia se ha saldado con el anuncio de un Plan Estratégico de Modernización -de la Justicia- "claramente inadmisible".

Para la APM, el ofrecimiento por parte del Gobierno central de 600 millones de euros de inversión en Justicia y su compromiso de la creación de 600 unidades judiciales nuevas puede parecer "en principio positivo", pero se trata tan sólo de "un fogonazo incapaz de alumbrar la desesperación" que alimenta sus reivindicaciones.

En su opinión, la solución a la "calamitosa" situación de la Justicia en España pasa por la divulgación de "un verdadero" pacto de Estado relativo al Poder Judicial y a la Administración de la Justicia, fruto del acuerdo entre las principales fuerzas políticas y el Consejo General del Poder Judicial y las autonomías con competencia en la materia.

Exige también la aprobación de un "plan de choque" que mitigue la actual situación "mientras se van desarrollando las políticas precisas para la depuración completa del sistema".