REDACCIÓN
Los empresarios del sector sociosanitario han pedido que el Impuesto del Valor Añadido (IVA) se reduzca al 4 por ciento para trasladar el ahorro al usuario y agilizar la implantación de la Ley de Dependencia, medida que permitirá duplicar el número de profesionales y reducir el empleo de mala calidad.
Así lo aseguró ayer el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Alberto Giménez. Según el dirigente empresarial, la petición de la patronal autonómica de implantar el IVA superreducido tiene como finalidad reducir los costes de las plazas orientadas a las personas en situación de dependencia, con el compromiso de trasladar el ahorro al usuario final. Para una Ley que prevé atender el próximo año a 1.246.428 personas.
El presidente de AERTE añadió que la propuesta forma parte de un estudio de medidas económicas que podrían favorecer la implantación de la Ley y facilitar la financiación de las prestaciones sociosanitaras a los dependientes. "En un momento de recesión hay que estimular la inversión y el consumo y no parece el mejor camino la subida de impuestos", explicó Giménez.
El representante empresarial valenciano incidió que el "Gobierno y el propio Partido Socialista deberían corregir en el trámite parlamentario el incremento de IVA inicial por coherencia con su propio discurso, ya que al justificar el incremento de impuestos contenidos en los presupuestos presentados excluyen aquellos que graven bienes o servicios que se consideren de primera necesidad.