REDACCIÓN
La Fiscalía recurrió ayer el archivo de la parte del caso Gürtel que investigaba el Tribunal Superior de Justicia valenciano al estimar que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cometió un delito de cohecho impropio al aceptar regalos aunque éstos no tuvieran contrapartida alguna.
En el escrito presentado al Tribunal Supremo, la Fiscalía dice también que el archivo el pasado 3 de agosto de la causa fue "prematuro", ya que la fase de investigación seguía abierta y, al tratarse de un sobreseimiento libre -es decir, definitivo- y no provisional, es imposible reabrir la causa "aun cuando aparecieran nuevos datos referidos a los hechos del procedimiento".
El archivo decidido por el TSJCV afectó, además de a Camps, al secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, quienes, como el primero, aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama de Francisco Correa.
En su escrito, la Fiscalía sostiene que el Tribunal Superior valenciano "yerra" en la interpretación dada al delito de cohecho impropio previsto en el artículo 426 del Código Penal y, en concreto, "en la relación de causalidad en él exigida" entre la dádiva admitida y la función pública desempeñada por los imputados.
El TSJCV argumentó que no existía el delito de cohecho porque no se había acreditado ninguna relación entre los "agasajos" que pudieron recibir esas personas y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.
El fiscal recuerda que el artículo 426 dice que comete cohecho impropio "la autoridad o funcionario público que admite dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente" y estima que el TSJCV "prescinde" de la primera de las alternativas y sólo considera delito aceptar un regalo a cambio de un acto concreto.
Dice también el fiscal que "la experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva o presente no tiene por objeto una contraprestación inmediata por parte del receptor", sino que lo que se pretende es "poner en nómina" al beneficiario, "colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor", de modo que cuando éste le pida un favor no pueda negarse.
Discrepa también el fiscal respecto del argumento empleado por el TSJCV para archivar la investigación abierta sobre Ricardo Costa: el de que si éste recibió regalos de Orange Market fue en su calidad de secretario general del PP y no de cargo público.
"Ambos supuestos no resultan incompatibles", dice la Fiscalía, que recuerda que si bien Costa no forma parte del Gobierno valenciano sí es parlamentario autonómico y que el Código Penal no establece diferencia alguna "entre la cualidad pública del autor (del delito de cohecho impropio) como miembro del poder ejecutivo o del legislativo".
El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, consideró "deplorable" que la Fiscalía actúe a las órdenes del Gobierno en el caso Camps y ha pedido que investigue al ex director del CNI o el caso de Caja Castilla-La Mancha, y que rectifique sobre el caso Chaves.
El dirigente popular, en un comunicado, criticó que el Ministerio Público pida con sólo 48 horas de diferencia la inadmisión de la querella contra Chaves y que recurra la causa contra Camps, y aseguró que la Fiscalía cumple así las instrucciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.