Coig reforzará Anticorrupción antes de fin de año por el aluvión de causas

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ La Fiscalía de Alicante aprobará antes de final de año un refuerzo de un fiscal para el área de Anticorrupción, según aseguró ayer el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, al término de su primera junta en el cargo. La propuesta se incluye dentro del plan de reparto de trabajo de la Fiscalía, ante el elevado número de asuntos y la complejidad de éstos que tiene el responsable de este departamento, Felipe Briones. La intención de López Coig es que haya un fiscal especializado en crimen organizado y mafias, y otros dos fiscales en Anticorrupción.
El plan de trabajo incluye también la propuesta para que los fiscales asignados a un juzgado concreto estén dedicados a él en exclusiva y por tanto trabajar los días que este órgano esté de guardia. La medida supone dar mayor agilidad a las causas, ya que se garantiza que el mismo fiscal las asuma desde el principio. Ahora se abre un periodo de alegaciones para la propuesta y en diciembre se hará otra junta extraordinaria en la que quedará aprobada definitivamente.
López Coig informó también del convenio con el Colegio de Abogados para potenciar las conformidades judiciales de aquellos acusados que quieran rebajar su condena a cambio de declararse culpables. La medida podría evitar más de 15.000 citaciones al año, entre policías, testigos y forenses, al no ser necesario que declaren en el juicio, ya que el acusado ha reconocido los hechos. En la Audiencia Provincial, la aplicación de este protocolo corresponderá a José Antonio Romero, que ha sido fiscal jefe hasta el nombramiento de López Coig. En los juzgados de Benalúa, se encargará de llevarlo a cabo el fiscal José Llor, responsable del ministerio público en las dependencias. Benidorm todavía tiene que designar a su fiscal de conformidades y Elche está pendiente de que se firme el convenio con el Colegio de Abogados de esa localidad.
Asimismo, los fiscales respaldaron el criterio de los jueces de que se pueda condenar por la vía penal a los gorrillas que se nieguen a marcharse una vez que les ha desalojado la Policía. Sin embargo, la aplicación de este criterio ha levantado algunas dudas entre los fiscales, como si el aparcacoches que es sorprendido en días distintos por los agentes está incurriendo también en una desobediencia.
Por ello, van a elevar una consulta al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para aclarar sus dudas legales sobre las acusaciones contra los gorrillas. Hasta que llegue la respuesta seguirán aplicando los criterios adoptados por los jueces alicantinos. La falta de desobediencia está castigada con una multa, pero los gorrillas pueden ser encarcelados en el caso en que se nieguen a pagarla.