Menores bajo el control de Justicia vuelven a delinquir al fallar la libertad vigilada

S. ESCRIBANO La pena más severa que se puede aplicar a los menores delincuentes es el internamiento en centros de reeducación, una medida que ha aumentado hasta un 35% en sólo un año pese a que los casos abiertos por la comisión de delitos se han reducido un 23%. Desde la Fiscalía de Menores explican que esta tendencia obedece no sólo a que los adolescentes cometan hechos más violentos, sino a que cada vez hay más reincidentes para quienes el internamiento es la última vía porque las medidas previas impuestas, como la libertad vigilada, no han sido efectivas. Y es que la falta de medios y personal para aplicar estas fórmulas de reeducación y reinserción que permiten a los chicos seguir en sus casas comienza a dejar ver sus consecuencias.
"La reincidencia aumenta porque falla el medio abierto. Hay que potenciar las alternativas al internamiento, como la mediación, y dotar de más contenido y personal especializado a los organismos que se encargan de aplicar la libertad vigilada", considera el coordinador de la Fiscalía de Menores de Alicante, Carlos Ferreirós.
Frente a los 333 internamientos decretados por los jueces de menores de la provincia en 2008, las medidas en medio abierto siguen siendo las más solicitadas. Consisten en la realización de tareas en beneficio de la comunidad (258 el año pasado) y en la libertad vigilada (468). Esta última es la más común y tiene el objetivo de reorientar a los jóvenes delincuentes sin que tengan que dejar de dormir en sus casas.
La Conselleria de Justicia mantiene convenios con organismos para que se encarguen de aplicar estas medidas realizando un seguimiento de cada caso y ofreciendo cursos y talleres a los que los menores tienen obligación de asistir. Sin embargo, "las subvenciones se han recortado y la matemática no falla: las medidas en régimen abierto suben y los medios se mantienen, por lo que los educadores no pueden dedicar el tiempo y la atención que necesitan los chicos. Como consecuencia, esa tarea reinsertadora se ve mermada", como afirma Miguel Ángel Segura, representante de la fundación Nazaret-Padre Fontova, que se encarga de supervisar estas medidas en la ciudad de Alicante. "Hacemos lo que podemos, pero no se evita el efecto cadena: desde que un menor comete un delito hasta ser juzgado hay un tiempo, cuando llega a nosotros puede haber pasado más de un año y pueden pasar otros 8 ó 12 meses hasta que comienza a ejecutarse la medida por la lista de espera", dice Segura, quien incide en que se le da prioridad a los casos más urgentes. Así, las consecuencias de la falta de financiación y de medios se dejan notar, pues "mientras que el índice de no reincidencia era del 80%, el año pasado ya se redujo al 70%". En su opinión, "es necesario que la administración potencie estas medidas, que son más baratas que el internamiento y que podrían significar el punto y final de un joven delincuente".
No obstante, cuando los menores reinciden o cometen hechos de gran violencia, el internamiento es la última solución. Así, desde la Fiscalía indican que pese a que los casos de malos tratos se han reducido (un 17%), al igual que los robos violentos (9%) y las agresiones sexuales (4%), se han producido más ingresos en centros por estos hechos que en 2007 debido a la mayor violencia empleada y a que los agresores ya habían delinquido anteriormente.