En un comunicado, el coordinador de EU en Alicante, José Antonio Fernández Cabello, ha considerado que el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, que vincula a Ortiz y a otros empresarios valencianos con la trama de financiación ilegal del PP a cambio de presuntas compensaciones mediante adjudicaciones de contratos públicos, explicaría "el protagonismo y trato de privilegio que se ha dado a Ortiz en la época de Díaz Alperi y ahora en la de Sonia Castedo".
Ha continuado que en el informe policial aparece pagando, al menos, dos facturas por importe superior a 30.000 euros, en un caso, y a 80.000 en el otro.
EU espera que Ortiz, cuyas empresas han obtenido entre 2004 y 2008 un mínimo de 129 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat, dé explicaciones a los alicantinos.
Entre los contratos adjudicados a sociedades participadas por Ortiz están algunos tan emblemáticos como el Plan Rabassa, la construcción del tranvía, tres aparcamientos subterráneos, contratas de limpieza y el plan del Rico Pérez, entre otros, todo lo cual "requiere una investigación a fondo", según EU.
Por todo ello, Fernández Cabello ha exigido al presidente Camps y a la alcaldesa Castedo que den "inmediatas explicaciones públicas de esas vinculaciones a las que hace referencia el informe policial con las empresas de Ortiz".
EU también ve "indignante" contemplar cómo una presunta trama de financiación ilegal pasa por el TSJ (el mismo que cerró los casos de los aparcamientos subterráneos y el caso Mercalicante) "como si nada, impidiendo además que las investigaciones sigan su curso ante hechos tan graves".
