CASO GÜRTEL

Un informe de la Policía Judicial vincula a Ortiz con la financiación ilegal del PP

La documentación, que implica a la cúpula del PPCV, refleja una facturación doble de Orange Market con una caja A y una B bautizadas «Alicante» y «Barcelona»

 11:06  

El informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que investiga el «caso Gürtel» vincula al alicantino Enrique Ortiz como uno de los empresarios que habrían realizado aportaciones a Orange Market. El documento, cuyo contenido fue adelantado el pasado miércoles por este diario, revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al Partido Popular valenciano conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por parte de la cúpula del partido.

Las cuentas de la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra «en negro». La denominada «caja A» era conocida contablemente como «Alicante» y la B, fue bautizada como «Barcelona», según consta en el informe.

En la documentación se deriva que el PP valenciano mantenía una deuda latente con Orange Market tanto en su caja A como en la B, que «El Bigotes» reclamaba a Costa y al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, según el informe policial.

Además, se relata cómo empresarios con importantes contratos con la Generalitat Valenciana hacían entregas de dinero en la «caja B» de Orange Market y sus nombres se utilizaban para realizar facturas de actos del PP. El documento considera que el PP pagaba su deuda con Orange Market a través de contrataciones administrativas concedidas a dedo desde la Generalitat Valenciana y mediante aportaciones directas de varias empresas, a las cuales compensaba igualmente, mediante la licitación de contratos públicos.

Los pagos en B a las empresas de Correa se sufragaban con «aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana» y cita a Enrique Ortiz además de a Enrique Gimeno, de Facsa; Antonio Pons Dolf, de PIAF; Vicente Cotino, de Sedesa y sobrino de Juan Cotino; o Luis Batalla, de LUBASA.

Ante estos datos el PSPV pidió ayer al jefe del Consell explicaciones públicas.

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