REDACCION
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha admitido a trámite el recurso de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra la resolución de la Generalitat por la que se aprueban definitivamente la homologación y el plan parcial del sector "Lagunas de Rabasa" de Alicante. Así lo anunciaron ayer fuentes de la Plataforma, que señalaron que la Conselleria de Urbanismo y Vivienda dio luz verde al plan el 5 de mayo en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la provincia el 16 de junio. Desde la Plataforma anunciaron que en los próximos meses prepararán la demanda contra "la aprobación definitiva del polémico plan", una actuación que, según la entidad, "puede representar el urbanismo depredador que ha sido condenado por el Parlamento Europeo".
"La decisión del Tribunal Superior de Justicia de reconocer como personados a diferentes representantes de la plataforma en nombre de esta entidad abre el camino jurídico a la participación y actuación en cualquier aspecto del expediente del Plan Parcial de las Lagunas de Rabasa". La PIC habrá de presentar la demanda en los próximos dos meses, una vez el expediente administrativo sea completado.
La Plataforma ha concretado que la demanda contra el plan parcial que prevé presentar "no se limita a señalar deficiencias evidentes, como la falta de agua o las conexiones viarias", sino que, "sobre todo", expone su consideración según la cual la actuación "está al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante". Ello, como ha denunciado reiteradamente la PIC, "produciría un desequilibrio territorial de consecuencias claramente negativas para la urbe". Del mismo modo, la entidad trabaja en "denunciar la falta de estudios preceptivos sobre aspectos medioambientales", además del "incumplimiento de la normativa de contratación pública en la adjudicación a Viviendas Sociales del Mediterráneo".
Según sus detractores, el plan Rabasa "no respeta el medio ambiente" al suponer "una grave agresión a una zona húmeda", las lagunas de Rabasa, que "quedarían rodeadas de un complejo residencial de 13.500 viviendas, y al no tener garantizado el abastecimiento de agua potable".