VÍCTOR M. ROMERO
El sector de la construcción y de la vivienda sigue siendo la gallina de los huevos de oro para la financiación de los ayuntamientos de la provincia. Al menos, para la gran mayoría. Los responsables municipales lograron el pasado año un ingreso extra de 35,81 millones de euros al aumentar la presión fiscal sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según los datos hechos públicos por la Dirección General del Catastro.
La caída de ingresos en los consistorios provocada por la crisis económica ha obligado a los políticos locales a buscar nuevas fórmulas de financiación. Y el IBI ha sido el elegido. Para el secretario general de los promotores de la provincia (Provia), Jesualdo Ros, esta fórmula escogida de subida de impuestos no es la adecuada y, además, "ahora con el sector inmobiliario lo van a tener mucho más difícil". En su opinión, los consistorios de la provincia llevan "seis y siete años aplicando un crecimiento brutal del IBI, lo que está haciendo que este impuesto sea carísimo mientras no existe ninguna contraprestación en la mejora de servicios".
En la provincia, los ayuntamientos ingresaron el año pasado 419,72 millones de euros frente a los 383,91 millones de 2007. Un aumento del 9,32% en general, aunque varios municipios han sufrido subidas del 20% e incluso las han duplicado.
Pedro Hernández, representante de la OCU, califica la subida de este impuesto como "un escándalo y una vergüenza" que revela "la mala calidad de los gestores de los ayuntamientos". "Al final somos los vecinos los que pagamos los malos gestores". Algo en lo que coincide con Ros, quien señala que los ayuntamientos "están haciendo lo contrario a las empresas, que es reducir gastos y gestionar mejor".
Los últimos casos polémicos con respecto al aumento del IBI se han registrado en El Campello, Mutxamel, Pinoso, Benidorm y Altea, donde se han planteado subidas del 30, 100, 58, 27 y 20% respectivamente en los próximos años.
En el último año, además, los recibos emitidos aumentaron en 82.488 facturas.