La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, manifestó ayer durante la reunión que mantuvo con el presidente del Cermi-CV (Comité Español de Representantes de Minusválidos de la Comunidad Valenciana) su compromiso "por acelerar e impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia" tras indicar que "su eficaz desarrollo constituye una demanda social de primera magnitud que debemos atender".

Indicó que alrededor de 55.000 personas han sido reconocidas como dependientes en la Comunidad Valenciana, de las cuales más del 50 por ciento están recibiendo algún tipo de prestación o servicio. Such aseguró que se está trabajando "intensamente" por agilizar el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones y recordó el nuevo decreto que la Conselleria ha elaborado y que simplifica el sistema establecido "cuya tramitación requería 32 pasos administrativos". Los cambios -según explicó- "van a permitir que el solicitante vea reducido a la mitad, el tiempo de espera para recibir las ayudas"