El TSJ de Madrid reclama al Consell sus contratos con las empresas de la red Gürtel

P. ROSTOLL El magistrado Antonio Pedreira, el juez que investiga en el TSJ de Madrid la ramificación de la trama Gürtel en esa comunidad, también quiere saber sobre la actividad de las mercantiles de la red que dirigía Francisco Correa, en prisión como cabecilla de un entramado empresarial en el que también figuraba El Bigotes, en el Consell que encabeza Francisco Camps. El juez, mediante una providencia, solicita a la Generalitat que le remita los contratos y adjudicaciones que habrían recibido sociedades ligadas a la trama, atendiendo así a una petición de Anticorrupción para conocer la actividad de las mercantiles vinculadas a la red desmantelada en febrero por el juez Baltasar Garzón.
En concreto, la providencia -fechada el pasado 3 de agosto, coincidendo en el tiempo con la decisión del TSJ de Valencia de archivar el caso de los trajes, en el que Francisco Camps estaba imputado por un presunto delito de cohecho- requiere a la administración autonómica la relación de pagos y contratos con 13 empresas relacionadas con Correa. La petición se refiere a los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de adjudicación celebrada desde 1998 con esa administración o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat, o en su caso certificación negativa. En el listado figura Orange Market, la mercantil a la que se otorgaron todos los contratos para la organización de la presencia del Consell en ferias turísticas desde 2005. La oposición en las Cortes -los socialistas y Compromís- calcula que las sociedades de Correa y El Bigotes lograron contratos de unos ocho millones en el último lustro.
El requerimiento asume una petición de la Fiscalía Anticorrupción. Como se recordará, el TSJ de Valencia rechazó en su día hasta en cuatro ocasiones peticiones similares a las que ahora atiende el tribunal madrileño presentadas por la acusación popular, que ejercen los socialistas valencianos. En una nota pública, en todo caso, el TSJ de Madrid aclara que la solicitud obedece al "interés" de "conocer las actividades de estas empresas, toda vez que su ámbito de actuación es o era nacional". De este modo, el magistrado obra a petición del Ministerio Fiscal después de que de "forma reiterada así se lo ha venido solicitando ante la demora de la Generalitat a la hora de facilitar la relación". "Las investigaciones practicadas por el Ministerio Fiscal y el juez instructor ni están dirigidas contra Francisco Camps ni tienen por tanto que ver con el mismo", concluye.