La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó dio ayer un nuevo paso en la normalización de las relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente al aprobar la retirada del primero de los cuatro procesos judiciales contra el cambio del proyecto original. En concreto, los servicios jurídicos de la Junta anularon el contencioso-administrativo abierto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en 2006 contra Aguas del Júcar después de que la sociedad estatal anunciara la licitación de los tramos Cullera-Fuente la Higuera; contratación que certificaba la paralización del proyecto original desde Cortes de Pallás.

Tras la reunión de la Junta, en la que de manera extraordinaria participó el vicepresidente y nuevo responsable de la política hídrica del Consell, Juan Cotino, su presidente, Andrés Martínez, comunicó personalmente la decisión a su homólogo en la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, en otro gesto que confirma el proceso de acercamiento. Quedan por retirar otros tres contenciosos, éstos en la Audiencia Nacional. "Nuestra intención, como lo hemos dicho siempre, es conseguir el mejor trasvase Júcar-Vinalopó y lo que menos queríamos era llegar a tomar decisiones como las que nos obligaron a adoptar. Ahora parece que cambian las cosas y no hay ningún problema en dar marcha atrás".

Por otro lado, la Junta Central acordó también la creación del premio "Conseller José Ramón García Antón" que reconocerá anualmente al mejor proyecto público o privado dirigido a mejorar la gestión y eficiencia hídrica, según apuntó ayer Andrés Martínez. Un nuevo homenaje al ex conseller de Medio Ambiente, fallecido el pasado 11 de agosto. La iniciativa de la Junta Central se suma a la que el pasado 17 de agosto acordó Riegos de Levante de dar el nombre del ingeniero de San Vicente al embalse que recibirá en Elche las aguas del postrasvase Júcar-Vinalopó y cuya primera piedra puso García Antón en marzo de este año.

Hasta Villena se desplazó ayer Juan Cotino, quien anunció a la Junta Central que recoge el testigo de su antecesor y no defenderá otro trasvase del Júcar al Vinalopó que el que lleve agua para beber y para regar. "Es la única manera de que la conducción sea viable desde el punto de vista económico". El vicepresidente tercero del Consell anunció, por otra parte, la presentación de alegaciones contra el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de separar las cuencas del Vinalopó y l´Alacantí en la nueva planificación hidrológica del Ministerio. Algo que en la práctica dejaría sin base legal la llegada de los caudales del Júcar a la comarca con más población de la provincia. "Es evidente que la Generalitat no va a permitir que se acabe con dos subsistemas que llevan funcionando perfectamente desde hace más de 100 años. No entiendo el planteamiento del Gobierno central en el borrador que recoge las nuevas demarcaciones. Es un auténtica provocación para beneficiar a Castilla-La Mancha y Aragón".

Puxeu, firme

Por otra parte, la plataforma Mesa per el Xúquer mostró ayer su "insatisfacción" tras la reunión mantenida en Madrid con el secretario de Estado del Medio Rural, Josep Puxeu, quien no garantizó que el agua del trasvase Júcar-Vinalopó se destine exclusivamente al riego y recuperación de los acuíferos del Vinalopó. En declaraciones a Efe, los dirigentes de la entidad que se opone al proyecto -ayuntamientos, comunidades de regantes, sindicatos y grupos ecologistas- anunciaron que, en consecuencia, estudiarán la "posibilidad de iniciar movilizaciones". El representante de la organización ecologista Xúquer Viu, Paco Sanz, quien participó en la reunión, señaló que Puxeu "no ha asegurado que el agua se destine sólo para uso agrícola". El secretario de Estado hizo hincapié en que la calidad de las aguas de ese trasvase "debe ser buena" y que, con el fin de garantizar esa calidad, recordó la posibilidad de instalar una potabilizadora, así como "la recuperación de los costes de las desaladoras y de la conducción del trasvase". De esta forma, según Sanz, "queda en el aire" el posible uso del agua del trasvase para el abastecimiento urbano, lo que, a su juicio, puede generar "tensiones y conflictos" en el supuesto de que "no hayan excedentes en el Júcar".