Los jueces dejan de suspender las penas de prisión si no se pagan las indemnizaciones

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Los jueces de Alicante han dejado de suspender las penas de prisión a los condenados por delitos económicos que no hayan pagado las indemnizaciones, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. La medida no ha supuesto un ingreso en prisión generalizado de condenados por estafas, porque finalmente estos penados acaban pagando las cantidades que se les reclaman para eludir la prisión.
Hasta la fecha, el procedimiento habitual entre los magistrados era el suspender la pena de cárcel si el acusado era condenado a menos de dos años y carecía de antecedentes penales. El hecho de que se hubieran pagado o no las indemnizaciones al perjudicado, lo que se denomina la responsabilidad civil, no era un criterio que se tuviera en cuenta por el juez al suspender la pena.
La situación ha empezado a cambiar tras varios pleitos por estafa celebrados este año en juzgados de lo penal, en los que el magistrado suspendía la pena por su escasa duración. Los perjudicados se oponían a que se dejara sin efecto el ingreso en prisión mientras ellos no cobraran el dinero que éste les debía, por lo que recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial.
En una reunión de todos los magistrados, se ha dado la razón a las pretensiones de los perjudicados, a las que se había adherido la Fiscalía. De momento, en lo que va de año se han registrado en la Audiencia hasta treinta recursos en contra de que se les suspenda la pena a estos condenados. El criterio adoptado por los magistrados es que mientras no se pague la indemnización, no se puede dejar en suspenso la condena de prisión.
El criterio se ha adoptado para los delitos económicos, como las estafas o el alzamiento de bienes. Fuentes judiciales reconocieron que para este de delitos, la pena de prisión suele ser inferior a los dos años, por lo que con demasiada frecuencia el condenado no ingresa en prisión. La cuantía de estas indemnizaciones se sitúa entre los 30.000 y los 60.000 euros, pero la más elevada ascendía a 240.000 euros.
El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, aseguró que la medida no se ha traducido en un ingreso en prisión de los condenados. "Muchos de ellos acaban pagando para evitar ir a la cárcel", aseguró, a lo que añadió que para facilitar las cosas se les brinda la posibilidad de hacer un pago aplazado. Un año o año y medio es el plazo que está dando de media la Audiencia para hacer efectivo el importe. Magro se mostró convencido de que es la crisis económica la que está motivando este tipo de situaciones, "ya que el perjudicado lo que quiere es cobrar", por lo que señaló que a lo largo de este año iban a plantearse más situaciones similares. A su juicio, esto no se puede considerar una prisión por deudas.
El fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, aseguró que se trata de una posibilidad claramente establecida en el Código Penal, pero matizó que no va a ser aplicada de manera automática y que se deberá analizar caso por caso. "Nadie va a ir a la cárcel por una indemnización de tres euros", aclaró.