La fuerza de la indignación

ANA MUELAS Lucharemos por nuestros derechos!", "El puerto no se preocupa por nosotros. ¿Cómo puede tratar así a sus trabajadores?", eran algunas de las exclamaciones que ayer se oían en la reunión mantenida entre los vecinos del barrio de Heliodoro Madrona y el jefe del gabinete del presidente de la Autoridad Portuaria, Pablo Lahoz, a raíz del que parece inminente desalojo de las viviendas de la zona.
Más de veinte vecinos de la pequeña comunidad se reunieron en una de las calles para escuchar que, por una ley (la declarada en el año 1992, que establece que no puede haber residencias habitables en el recinto portuario) o por otra (aquella que indica que el barrio es una propiedad horizontal, y por tanto la declaración de ruina técnica afecta a todas las casas por igual) deberían abandonar sus hogares, aquellos en los que llevan viviendo años desde que sus padres, maridos o hermanos entraran a formar parte del personal del Puerto de Alicante.
Aunque la amenaza de derribo de las pequeñas casitas se remonta a años atrás, fue la llamada de Mari Carmen, residente en la casa número 35, a los servicios sociales por el derrumbe de una de las paredes de su casa la semana pasada la que alertó al Ayuntamiento. El consistorio entonces instó a la Autoridad Portuaria a que realizase un informe técnico para valorar el índice de riesgo de derrumbe de las viviendas. El puerto contrató a un arquitecto, quien tras examinar todas las casas determinó que el barrio se encontraba en ruina técnica. Tres de las viviendas debían ser desalojadas inmediatamente.
Ahora, el Puerto concede a los vecinos quince días para que presenten las alegaciones que consideren pertinentes, siendo otro informe técnico que no coincida con el presentado por el Puerto su única baza para detener el proceso. Pero en Heliodoro Madrona nunca ha habido asociación vecinal, "ni ningún tipo de unión", como indicaron algunos residentes, por lo que ahora el problema reside en ponerse de acuerdo en costear un arquitecto privado para que valore todos los hogares, y no por separado, ya que de nada serviría por la ya nombrada propiedad horizontal.
Pablo Lahoz explicó en nombre de la Autoridad Portuaria y de su presidente, Miguel Campoy, que "el Puerto no va a dar ningún apoyo económico a los desalojados". Pero que fuera de sus competencias, ya había comenzado los trámites con el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) para encontrar cuanto antes una casa donde pudieran vivir los propietarios de las veinte casadas habitadas, ya que desde el Puerto "nos preocupamos por las personas", resaltó Lahoz.