Los inhibidores no acaban con el uso de móviles por los presos de Fontcalent

P. CERRADA Hace poco más de un año que se instalaron los inhibidores de frecuencias en el centro penitenciario de Fontcalent para acabar con el uso de teléfonos móviles por parte de los reclusos y el problema sólo se ha resuelto parcialmente porque siguen utilizándose en el interior de los módulos y además ha generado una incidencia añadida porque ahora los que tienen poca cobertura para hablar son los funcionarios que trabajan en la prisión alicantina y el medio centenar de familias de personal de Instituciones Penitenciarias que reside en el complejo y trabajadores de la zona, según ha denunciado a este diario el sindicato ACAIP.
Mientras que este sindicato alerta de un uso generalizado de móviles a pesar de los inhibidores y que frecuentemente se localizan terminales en las inspecciones de celdas de internos, la dirección reconoce que no se ha podido anular la cobertura en todo el interior de la prisión pero asegura que ya no se utilizan tanto como anteriormente. Además, desde la dirección de la prisión indican que están pendientes de hacer otra revisión de los inhibidores para que anulen la cobertura en determinadas zonas donde aún se puede hablar por teléfono móvil.
La utilización de móviles entre los reclusos supone un auténtico negocio económico ilegal porque los internos que ya disponen de un terminal lo alquilan a precios elevados y hasta que se instalaron el pasado año los inhibidores se llegaron a vender teléfonos hasta por mil euros.
El reglamento penitenciario prohíbe por razones obvias de seguridad que los presos utilicen móviles en el interior de la prisión. Las Fuerzas de Seguridad han detectado en algunas investigaciones conversaciones entre delincuentes y presos, y más de una banda de delincuencia organizada que ha sido desmantelada en la provincia estaba siendo dirigida por personas encarceladas.

Escrito a Gallizo
El sindicato ACAIP ya envió el pasado año un escrito a la responsable de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para que se regularan bien y enfocaran adecuadamente los inhibidores porque "funcionan mejor fuera que dentro de la prisión".
Sin embargo, hasta ahora no ha recibido contestación al escrito, en el que también se ofrecían a recorrer el centro penitenciario con miembros de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que comprobasen las zonas del interior donde podían hablar los presos y los problemas que tienen los trabajadores para conversar en el exterior mediante la telefonía móvil.
Fuentes del sindicato ACAIP explicaron que tras la instalación de los primeros inhibidores las grandes compañías de telefonía móvil detectaron continuas caídas de cobertura en la zona e instalaron muy cerca de la prisión dos torres repetidoras. La solución de las torres duró poco tiempo porque, según ACAIP, la empresa responsable de instalar los inhibidores subió su intensidad sin contar ni con los sindicatos ni con los funcionarios que viven el centro.
Las fuentes sindicales señalaron que incluso la compañía Vodafone llegó a presentar una denuncia contra Instituciones Penitenciarias al considerar que el uso de los inhibidores está vulnerando un derecho fundamental que son las comunicaciones. La falta de cobertura, según ACAIP, no sólo la sufre el personal del Psiquiátrico Penitenciario y de Centro de Cumplimiento, sino que los barridos de los inhibidores causan también problemas en las inmediaciones del centro.