El aumento de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad por los nuevos delitos de tráfico tiene desbordados a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que apenas pueden asumir el alto volumen de expedientes, según un informe de los servicios sociales penitenciarios al que ha tenido acceso este diario. En junio de este año, el volumen de sentencias alcanzaba ya las 2.657, de las cuales 1902 están sin gestionar. Se estima que este departamento recibe una media de 35 condenas cada día, el 80% por delitos contra la seguridad vial, y cada funcionario debe controlar un promedio de 1.500 expedientes, "algo totalmente desproporcionado que hace inviable el cumplimiento de todas las sentencias recibidas, así como ineficaz el seguimiento de los expedientes en ejecución", dice el informe. Cuando empezaron a ejecutarse las penas de trabajo en beneficio de la comunidad en el año 2005, el número de expedientes por funcionario era de 250. Muchas de las condenas de tráfico son inferiores a 30 días de trabajos, por lo que en un año habrán prescrito.

La situación contrasta con el importante esfuerzo que se ha hecho para crear nuevas plazas en las que cumplir estas prestaciones, especialmente desde la Audiencia Provincial. El presidente de la misma, Vicente Magro, subrayó que "en seis meses se han ejecutado 573 condenas, cuando en todo el año pasado se cumplieron 359". En un año, se ha incrementado el cumplimiento en un 160% y, de mantenerse esta tendencia, en diciembre el índice será del 300%. Asimismo, un 58 por ciento de los ayuntamientos de la provincia ya colaboran ofertando plazas para trabajos comunitarios, y hay otras 14 ONG más donde estos penados cumplen la prestación.

Pese a estos esfuerzos, el número se sentencias hasta junio de este año se ha incrementado en un 242% y se estima que al final de 2009 será un 500% más. El espectacular aumento de las condenas obedece a la última reforma para endurecer las penas contra las imprudencias al volante (alcoholemias, exceso de velocidad y conducción sin carné). De 36 condenas en 2007, se pasó a 284 en 2008 y finalmente en junio de 2009 había 1.307. Para Magro, el aumento de condenas obedece también al esfuerzo que se está haciendo para crear estas plazas. "Hay provincias en las que la ejecución de estas condenas es inviable, porque no existen plazas de este tipo", aseguró.