A sus anchas

El principal dispositivo policial durante agosto se encuentra en las playas. Los gorrillas aprovechan esta situación para campar a sus anchas por los aledaños del Hospital General de Alicante.

RAÚL G. SIRVENT Alrededor de diez gorrillas frecuentan los aledaños del Hospital General Universitario de Alicante a diario. A su vez, cientos de ciudadanos -entre vecinos, personal sanitario y familiares de enfermos- se ven obligados a darles una propina cuando aparcan por la zona, principamente en las calles de Martin Luther King, Alfonso Guixot y de Olof Palme. Los afectados califican la situación de insostenible y los aparcacoches se escudan en que lo necesitan para vivir. Un problema sin solución aparente que trae de cabeza a la Policía, al Ayuntamiento y a la Justicia, que no encuentran la clave para erradicar esta práctica.
Un enfermero que trabaja de lunes a viernes en el Hospital insiste en que todos los días se ve obligado a "pagar como si estuviera dejando el coche en un aparcamiento privado". Francisco Tortajada, uno de los vecinos afectados, asegura con resigniación que "las dos veces que he intentado hacerles frente, en una el coche apareció rayado y, en la otra, la luna delantera destrozada". En el otro extremo, un gorrilla, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que no todos amenazan: "A mí quien quiere me da dinero, no exijo, pero al final pagamos justos por pecadores" y añade que después de muchos años pidiendo le gustaría dejarlo pero "no tengo una paga y sí una familia que mantener".
Parecida situación se vive en el Parque de Canalejas, donde algunos vecinos se quejan de que la actitud de los gorrilas es cada vez más agresiva. "Uno llegó a orinar en un coche porque la dueña se negaba a pagar", asegura un comerciante de la zona.
El modo de actuar de la Policía Local cuando detecta estas actividades es levantar acta y obligar al gorrilla a abandonar la zona. En el caso de que exista reiteración, los aparcacoches pueden ser trasladados al juzgado por desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la reiteración de faltas sólo se transforma en delito en las faltas por hurto y por daños.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, es partidario de una reforma legal que "al igual que en las faltas de hurto y de daño" permitan perseguir por delito a los que "desobedezcan a la autoridad". En este sentido, lamenta que "con la ley en la mano sea complicado ingresarlos en prisión".
Por este motivo, Vicente Magro considera una única opción: condenar a localización permanente a los gorrillas reincidentes y si ésta la incumplen "estarían incurriendo en una falta por quebrantamiento de condena", añade el magistrado.
Por otro lado, Juan Seva, edil de Seguridad, ya ha encargado un estudio a los técnicos para ver cómo se puede regular esta práctica. "Se está viendo si existe algún precedente en alguna ciudad española", explica, para crear una ordenanza municipal que con los propios medios del Ayuntamiento permita erradicar el problema.
Respecto a la presencia policial en la zona afectada, el concejal reconoce que durante este mes existe un dispositivo "muy fuerte" en las playas pero "no significa que se haya descuidado el resto de la ciudad. Distribuimos los efectivos de acuerdo a las incidencias", aclara. La presencia permanente de las fuerzas de seguridad en la zona afectada sería una posible vía de salida. Sin embargo, Seva insiste en que la ciudad tiene "otras muchas necesidades", aunque añade que si no se llega a una solución "si lo tenemos que hacer, lo haremos". El vecindario, en cambio, considera que la presencia policial no es la idóneea. Y otro aparcacoches confirma que en esta época del año es escasa: "Están en la playa pero ya nos han dicho que el 1 de septiembre vendrán".
Sin embargo, tanto el presidente de la Audiencia como el edil de Seguridad insisten en que los ciudadanos deben denunciar para facilitar la tarea policial.