Las peticiones para la nueva ayuda social duplican las concedidas en años anteriores

ÁFRICA PRADO Casi seis mil personas sin recursos en la provincia de Alicante han reclamado en los siete primeros meses del año la Renta Garantizada de Ciudadanía, la nueva prestación económica de la Generalitat Valenciana dirigida a personas y familias en situación de necesidad, que sustituye al anterior Plan de Medidas de Inserción Social con la antigua PER (Prestación Económica Reglada).
La cifra de solicitudes llegadas a Bienestar Social en la provincia duplica ya la media de las ayudas PER concedidas en años anteriores, alrededor de tres mil, según un informe del Síndic de Greuges que evaluó seis años de la implantación de esta prestación en la Comunidad Valenciana, tras constatar el descenso paulatino en los años estudiados (de 1999 a 2005).
En la actualidad, de las 5.900 personas que han reclamado acceder a la Renta de Ciudadanía en Alicante, tan sólo 800 han obtenido la autorización de la Conselleria de Bienestar Social, dado que el trámite es complejo y está condicionado a un plan de inserción social que deben elaborar los servicios sociales municipales correspondientes.
No obstante, fuentes de Bienestar Social han señalado que la intención de la administración autonómica es "atenderlas todas porque hay presupuesto suficiente para ello". A pesar de que la Generalitat apenas reservó en sus presupuestos de este año algo más de 6 millones de euros para la Renta de Ciudadanía -similar a años anteriores, que se agotaba antes de final de año-, el pasado mes de julio el Consell acordó en un pleno extraordinario destinar 12 millones de euros más a esta prestación, además de otras medidas de emergencia y compra de alimentos básicos.
La Renta Garantizada de Ciudadanía establece un baremo para asignar las prestaciones, que oscilan entre los 300 y los 600 euros mensuales, y su duración es de 1 a 12 meses, renovables hasta 36. Los beneficiarios, de 25 a 65 años con ingresos inferiores a la prestación, deben suscribir a cambio un compromiso de inserción socio-laboral que proponen los servicios sociales municipales y de empleo.
En el caso de seguir a este ritmo, el año puede acabar con más de diez mil solicitudes de prestaciones en la provincia, como consecuencia de la difícil situación económica que atraviesan las familias. De hecho, recientemente los sindicatos cifraban en 35.000 las personas de la provincia en desempleo que se quedaba fuera de la nueva ayuda de 420 euros mensuales aprobada por el Gobierno central para aquellos trabajadores que permanecen en paro en estos momentos y han agotado ya los subsidios por desempleo.