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RAMÓN FERRANDO La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) prepara una norma común para que los ayuntamientos puedan luchar con eficacia contra el botellón, los "manteros", los gorrillas y el vandalismo. La FVMP ultima una normativa contra el consumo indiscriminado de alcohol en la calle y ayer acordó ampliarla a cualquier tipo de acto incívico tras reunirse con responsables policiales de Valencia, Paterna, Vila-real, Castellón, Alicante y Benidorm. Los dirigentes de la FVMP decidieron que una comisión técnica redacte la ordenanza marco "para la protección del espacio urbano", y prevén tenerla aprobada en tres meses.
La FVMP convocó a los intendentes policiales para analizar las medidas contra el botellón que se han adoptado en poblaciones como Benidorm o Alicante para extrapolarlas al resto de poblaciones. Su intención es basar la normativa contra el botellón en las sanciones tras comprobar que la medida está siendo efectiva. La multa por el consumo indiscriminado de alcohol rondará los cien euros. El sistema de cobro será similar al que se emplea en las sanciones a los menores cuando cometen una infracción con un ciclomotor. Fuentes de la FVMP recordaron que el botellón es una cuestión de salud pública y de convivencia "por el ruido, la suciedad y los problemas en la seguridad del tráfico".
La entidad pública ha ampliado ahora la comisión técnica creada para combatir el botellón tras recibir la petición de ayuda de varios municipios que no saben cómo acabar con los gorrillas o los vendedores de CD falsos. Un responsable de la FVMP insistió en que el objetivo es que "la norma sea eficaz y no una ley más, y para ello va a ser esencial el trabajo de los técnicos municipales".
Fuentes de la entidad aseguraron que en el caso del botellón todos los municipios que están aplicando las sanciones han obtenido buenos resultados, aunque recordaron que es esencial incidir en la prevención y la información. "No tiene sentido que un policía se enfrente con sanciones a un botellón de quinientas personas. Hay que evitar que se llegue a ese extremo", apuntaron. El Ayuntamiento de Alicante ha impuesto más de un millar de sanciones por la práctica del botellón desde enero. Las multas en Alicante son de noventa euros.
La FVMP todavía no ha analizado en profundidad qué herramientas va a facilitar a los ayuntamientos para que luchen contra el fenómeno de los gorrillas. El principal problema en el caso de los aparcacoches es que no pagan las sanciones administrativas que les impone la policía porque se declaran insolventes.
Gorrillas en Alicante
El Ayuntamiento de Alicante se unió en junio a los jueces para combatir de forma conjunta a los gorrillas. Sin embargo, sólo tres de los nueve magistrados de Instrucción de Alicante están enviando a prisión a los aparcacoches, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El sistema que utilizan es condenar a los acusados por una falta de desobediencia a multas de unos 120 euros y como no pagan tienen que ingresar en prisión durante un periodo medio de diez días al ser una sanción penal. Los jueces que condenan consideran que está justificado por la "alarma social".
Un magistrado alicantino se mostró ayer convencido de que es posible acabar con los gorrillas aplicando la ley y apuntó que "en Sevilla lo han conseguido". El juez ha enviado en las últimas semanas a ocho aparcacoches a la prisión de Fontcalent por los impagos de las multas. La norma que apruebe la FVMP será remitida a la Fiscalía.
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