El PP cree que Camps y Trillo tienen pinchado el teléfono y Zapatero le pide responsabilidad

REDACCIÓN El PP dio ayer otra vuelta de tuerca a su teoría de la conspiración al mantener su convicción, sin aportar pruebas, de que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, el responsable de Justicia, Federico Trillo, así como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pueden ser algunos de los dirigentes de la organización con los teléfonos "pinchados". En medio del rechazo de jueces y demás fuerzas políticas a las denuncias del PP sobre escuchas ilegales a sus dirigentes, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió al primer partido de la oposición "sentido de la responsabilidad" porque, "como bien saben ellos, en España la Justicia funciona conforme al Estado de derecho".
Un día después de que De Cospedal denunciara que el Ejecutivo utiliza a la Policía y otras instituciones para realizar escuchas ilegales a dirigentes del PP, fuentes populares informaron ayer a Efe de que tanto la secretaria general como el portavoz de Justicia han podido ser escuchados por la Policía en las últimas fechas, especialmente desde que se destapara el "caso Gürtel".
Aunque las fuentes citadas no aclaran qué pruebas les llevan a considerar que De Cospedal puede ser objeto de escuchas ilegales -si bien aseguran que está "comprobado"-, sí se muestran más precisos para argumentar que Trillo tiene el teléfono "pinchado". Se remiten a las informaciones que algunos medios de comunicación publicaron el pasado fin de semana, según las cuales Trillo habría presionado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Juan Montero para asegurarse de que el auto -el que al final archivó la causa contra Camps- no resultara perjudicial para el mandatario popular.
Pero las conversaciones que tuvo Trillo, de acuerdo con la versión de las fuentes citadas, no fueron con el juez Montero del alto tribunal valenciano, sino con el abogado Montero que "lleva los pleitos" del Partido Popular en Madrid, por ejemplo, el "caso Gürtel". Además, añaden que Juan Montero fue el magistrado que discrepó del auto que sobreseyó la causa contra Camps, y así lo corroboró con un voto particular.
En lo que concierne a Camps, el entorno de Génova 13 recalca que el pasado 5 de marzo, el mismo día que el juez Baltasar Garzón remitió la investigación del "caso Gürtel" a las instancias judiciales autonómicas, un miembro de la Unidad de Delitos Económicas y Fiscales (UDEF) de la Policía se puso en contacto telefónico con Camps para informarle del propósito del magistrado. De acuerdo con la versión de Trillo, el presidente de la Generalitat pidió a esa persona que le llamó que se identificara, y así lo inquirió varias veces, pero el supuesto integrante de la UDEF no lo hizo.
Por su parte, y antes de trascender esta denuncia de teléfonos presuntamente pinchados, Rodríguez Zapatero, reclamó ayer a los dirigentes del PP que tengan "sentido de la responsabilidad" en sus declaraciones porque en España "afortunadamente tenemos una Justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de derecho". Sin hacer más comentarios y en tono contenido, Zapatero insistió en el funcionamiento "adecuado" de todas las instituciones del país, según las reglas del Estado de derecho. "Deseo quedarme ahí", concluyó el presidente sin entrar a analizar las denuncias de escuchas ilegales de De Cospedal.