El PSPV pide que declare la empresaria que implicó al presidente, tres consellers y la titular de las Cortes

P. R. F. El portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, confirmó ayer que los socialistas, personados en la causa a través de una querella, presentarán un recurso contra el auto del juez Flors para que amplíe los delitos a los imputados. El instructor, de momento, ha limitado la investigación a cohecho impropio, un delito tipificado con multa de entre tres y seis meses en el caso de condena. Los socialistas quieren que desfilen por el TSJ Elisa Jordán, la empresaria vinculada a la trama de Francisco Correa que implicó a Camps en la operación Gürtel; tres consellers, Rafael Blasco, Serafín Castellano y Vicente Rambla, número dos del Gobierno autonómico; y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, para que responda de su gestión en Turismo, departamento en el que Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, logró sus adjudicaciones de mayor cuantía. Todos los miembros del Gobierno que los socialistas quieren llevar a declarar habrían concedido, desde sus consellerias, contratos al entramado mercantil de Correa y Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes.
Los socialistas van a solicitar pruebas testificales, entre otros, de Francisco Correa, el cabecilla de la red; Pablo Crespo, número dos de la trama, secretario de Organización del PP de Galicia hasta 1999 y cofundador de Orange Market; e Isabel Jordán, administradora de Correa y de cuya declaración se conoció, inicialmente, que Camps podría haber recibido trajes y ropa como dádiva con cargo a la trama. Luna argumentó que la calificación de los delitos "no es necesario" hacerla -como pide el propio Camps- antes de la apertura de juicio oral, y consideró que los sumarios deben ser "elementos abiertos a lo que se está investigando" y "no tiene sentido que se diga que aquí sólo se va a investigar el cohecho derivado de unos trajes. Si aparecen cosas conexas, ¿qué hacemos con ellas?", se preguntó.
El síndic del PSPV en las Cortes Valencianas subrayó que si hay indicios fundamentados de más delitos "se juzgarán" en éste u otro procedimiento, aunque "no cabe duda de que ahorraríamos tiempo y gastos" a la Administración de Justicia si en esta causa se permitiera al instructor que investigue delitos relacionados con el cohecho como "malversación de caudales públicos, financiación ilegal de partidos", entre otros. Los socialistas valencianos encontraron, de nuevo, el respaldo de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que tildó de "inadmisibles" las explicaciones de Camps. Por su parte, la dirección del Bloc remitió una carta a Leire Pajín en la que solicitan disponer de votos socialistas para que Compromís pueda presentar una moción de censura.