De Cospedal resta importancia al supuesto cohecho de Camps

P. ROSTOLL La dispersa estrategia de defensa política de Francisco Camps después del auto judicial del juez José Flors, que pone al jefe del Consell más cerca del banquillo acusado de un supuesto delito de cohecho dentro de la ramificación valenciana de la operación Gürtel, quedó ayer al descubierto. En Génova se dedicaron a guardar silencio, como Mariano Rajoy; o a minimizar los efectos colaterales ante la posibilidad de que, finalmente, el jefe del Consell pudiera acabar siendo condenado. "Esa conducta sería sancionable como mucho con 2.000 euros", dijo Dolores de Cospedal, número dos del PP, poniendo la venda por si acaso acaba habiendo herida y rebajando por completo la importancia de una investigación judicial que amenaza con sentar ante un tribunal a un presidente de la Generalitat por vez primera durante las casi tres décadas de experiencia autonómica.
Rajoy evitó cualquier pregunta. Junto a José María Aznar en la clausura de unos cursos del PP, el presidente nacional de los populares, que ha trasladado vía telefónica a Camps su respaldo, esquivó a los periodistas. Así se ahorró hablar del presidente de la Generalitat, uno de sus principales apoyos en el PP; y también del tesorero del partido, Luis Bárcenas, con su implicación en el caso Gürtel ya en manos del Supremo. Sí habló De Cospedal, durante una entrevista en la televisión manchega, para criticar el "circo mediático y a veces político" que, en su opinión, se ha creado sobre una situación judicial de la que Francisco Camps, aseveró, "no tiene por qué preocuparse". La número dos del PP entiende que el presidente de la Generalitat está sufriendo un "ataque directo y personal" y ha restado toda importancia al delito que el TSJ imputa al líder de los populares valencianos, el denominado cohecho impropio, porque esta "conducta sería sancionable como mucho con 2.000 euros".
No obstante, María Dolores de Cospedal se mostró "convencida de que no se va a demostrar" la comisión de este delito por parte del presidente autonómico aunque, cuando se le preguntó por la posibilidad de que dimitiera si se llega a abrir juicio oral, la secretaria general del PP apuntó que "dependería de muchas circunstancias y fundamentalmente de una opinión personal". "Pero -apuntó Dolores de Cospedal- esperaremos al procedimiento judicial y no tratar de presionar desde el punto de vista mediático a lo que pueden hacer los jueces".
Para rechazar una eventual dimisión de Camps ya están los miembros más fieles de su Gobierno. Ayer fueron Serafín Castellano y Rafael Blasco los que salieron a la palestra para negar que el jefe del Consell vaya a renunciar, un enunciado que habla por si sola del complicado laberinto político y judicial en el que están metidos los populares valencianos y el presidente de la Generalitat apenas dos años después de que Camps resultara reelegido con el mayor respaldo popular de la historia. Rafael Blasco, que cogió el mando de la estrategia del PP en la Comunidad antes de las elecciones europeas, dijo no contemplar ni tan siquiera esa hipótesis, mientras que Serafín Castellano, desde Galicia, dejó claro que "no está ni en el pensamiento".
Mientras en Madrid y en Valencia atrincheran al presidente de la Generalitat, en Alicante, el único territorio que Camps no controla en el PP de la Comunidad, empiezan a crecer las voces -a pesar de las declaraciones públicas de Ripoll- de los que creen que, llegado el caso y si hay juicio, al jefe del Consell, más allá de la factura política y del desgaste que puedan sufrir los populares, no le queda otra salida que presentar su renuncia. "Sería la única solución", dijeron.