La respuesta a las alegaciones al Plan General estará lista en septiembre

CLARA R. FORNER El responsable técnico del nuevo Plan General, Jesús Quesada, entregará la contestación a las alegaciones al citado documento el próximo mes de septiembre. Más de un millar de particulares, empresas y algunas instituciones -en conjunto, un tercio respecto a la anterior fase de exposición pública- han solicitado modificar el nuevo PGOU.
El equipo que dirige Jesús Quesada tiene previsto seguir estudiando en julio los escritos que se presentaron esta primavera y mantener reuniones con los técnicos municipales con el objetivo de tener claros los criterios para finales de mes y redactar las contestaciones entre agosto y parte de septiembre. Este último mes entregará las respuestas a la Gerencia de Urbanismo para que añada alguna modificación si lo estima necesario, aunque se prevén pocos cambios puesto que ya trabajan conjuntamente. Quesada confía en que el pleno para la segunda aprobación provisional pueda celebrarse entre septiembre y octubre. A partir de entonces cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento abra una tercera fase de exposición pública, aunque el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, lo cree poco probable ya que no prevé que las alegaciones modifiquen sustancialmente el Plan General.
En caso de que no se exponga de nuevo al público, se remitiría a la Generalitat para su aprobación definitiva, un proceso que puede tardar entre un año y un año y medio. Si toda la tramitación que queda se desarrollara sin complicaciones, el Plan General podría quedar aprobado para finales de 2010 o comienzos de 2011.
El técnico destaca que en esta ocasión se va a poder redactar más detenidamente la respuesta a las alegaciones que en el proceso anterior, cuando hubo quejas por las escuetas argumentaciones e incluso porque quedaron cuestiones sin respuesta.

Principales peticiones
En cuanto a los temas que inquietan a los ciudadanos, Quesada apunta que hay un grupo importante que solicita reclasificaciones de terrenos y otro de ciudadanos de la partida ilicitana de Santa Ana afectados por las previsiones del PGOU de Alicante. Quesada explica que ha habido bastantes vecinos de Elche, Mutxamel y San Vicente del Raspeig, limítrofes con Alicante, que se quejan "porque los ciudadanos no están acostumbrados a que los planeamientos intervengan en los términos colindantes". Normalmente se trata de dueños de propiedades situadas en suelos urbanos que se pueden ver afectados, por ejemplo, por el trazado de un vial que va de un municipio a otro.
Otro nutrido grupo de alegaciones procede de Villafranqueza, donde se solicita construir en parcelas de menor tamaño. El problema, apunta Quesada, "es que si va a vivir más gente, las calles no se pueden dejar como están, porque son estrechas".
También han llegado alegaciones, aunque en menos cantidad, de propietarios de parcelas inundables o de vecinos de las partidas rurales que solicitan reclasificaciones de terrenos. También se han presentado alegaciones en todas las unidades de actuación y zonas urbanizables. Respecto a los coeficientes para compensar a los propietarios de suelo en los parques naturales, han llegado dos tipos de alegaciones: los propietarios del suelo en los parques solicitan un coeficiente mayor, y los dueños de los suelos urbanizables piden que sea menor. Otro aspecto que ha generado alegaciones contradictorias es el catálogo de bienes y espacios protegidos, pues ha habido peticiones para introducir nuevos elementos, mientras que los dueños de algunos de los inmuebles afectados reclaman su desprotección.
La Conselleria de Cultura también tocó este tema en sus alegaciones y fue de las pocas instituciones que han presentado escritos en esta segunda fase, junto a ayuntamientos como el de Elche y Mutxamel.