El Supremo confirma la ilegalidad de los seis bungalows de Tabarca

"No se entiende, ni se ha formulado explicación alguna al respecto, en qué medida la defensa del carácter de conjunto histórico artístico precisa, para su protección, de la nueva construcción de seis viviendas unifamiliares adosadas en la zona especialmente protegida como es la servidumbre de protección en la Isla de Tabarca", sostiene la sentencia del Supremo conocida ayer por este diario y que fue notificada el 20 de febrero pasado al Servicio Provincial de Costas. "No se comprende (...) en qué medida el interés público de protección del conjunto histórico puede demandar una nueva edificación como es la construcción de seis viviendas adosadas", añade el fallo.

La sentencia del Supremo viene a rechazar los recursos presentados por Pascual Orts, Vicente Pastor Antón y Luis Torres Castaño contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en abril de 2003 que anuló la autorización concedida por la Generalitat y declaró ilegales los seis bungalows por estar construidos en terrenos que son servidumbre de protección y deben servir de paso al público en general. Los tres recurrentes argumentaron en su escrito al Supremo que se habían quebrantado las formas esenciales del juicio, extremo descartado por el Alto Tribunal, que mantiene que no concurre indefensión en este caso. Asimismo, rechaza el argumento de que la sentencia del TSJ incurra en una interpretación errónea del artículo 25 de la Ley de Costas en el que se establecen las prohibiciones propias de la zona de servidumbre. "Esta prohibición tiene un carácter general y, por tanto, se refiere a esta franja de terreno cualquiera que sea la clasificación urbanística del suelo", sostiene el fallo. El citado artículo impide con carácter general en la zona de servidumbre "las edificaciones destinadas a residencia o habitación". En última instancia, la sentencia rechaza que se pueda establecer una excepción a esa prohibición en los núcleos objeto de una declaración de conjunto histórico o de otro régimen análogo de especial protección, como es el caso de la Isla de Tabarca.

A raíz de esta sentencia, el Servicio Provincial de Costas ha remitido ya hasta cuatro escritos a la Conselleria de Infraestructuras en los que reclama información sobre las medidas adoptadas y pide al Gobierno autonómico que ejecute la sentencia "en relación con la demolición de las viviendas y la restitución de los terrenos a su estado original" Así consta en el último requerimiento remitido el pasado 25 de mayo. Todos ellos han recibido la callada por respuesta de un Consell que otorgó su autorización el 17 de junio de 1999, seis meses después de la licencia municipal de obras.

PSOE y EU exigen la demolición de las edificaciones

El grupo municipal socialista anunció ayer que apoyará el Plan Especial de Protección de la Isla de Tabarca siempre que el PP contemple la demolición de los seis bungalows cuya construcción es ilegal, según explicó el portavoz del PSOE, Roque Moreno. El edil socialista añadió que el PP llevó el lunes a la Junta de Gobierno el citado plan, "en el que no aparece nada sobre estas viviendas", y recordó que la redacción del proyecto se contrató en verano de 1993 y siete años después el pleno lo aprobó para que comenzase su tramitación. Por su parte, EU presentará hoy sendos escritos en Costas y en la Consellería de Infraestructuras en los que pide que no se permita la aprobación definitiva del Plan Especial si el documento no deja fuera de ordenación y contempla expresamente la demolición de las edificaciones construidas por el ex-alcalde del PP de Santa Pola, Pascual Orts.