Los agentes inmobiliarios crean un tribunal para resolver los litigios de los alquileres

F. J. BENITO El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante (COAPI) cuenta desde esta semana con la primera Corte de Arbitraje de los Api en España, un sistema para resolver los conflictos inmobiliarios con las mismas competencias que un juzgado, pero que permitirá solucionar los casos de impagos y posterior desahucio en tan sólo dos meses, reduciendo así el tiempo medio de un año si el caso termina en un contencioso judicial, según apuntó ayer Marifé Esteso, presidenta del colectivo de agentes inmobiliarios de la provincia.
El Colegio, como entidad de derecho público que es, decidió crear este órgano acogiéndose a la regulación de la Ley de Arbitraje de 2003, a fin de abrir una nueva línea de trabajo para los asociados y, por otro lado, trata de incentivar el mercado del alquiler en una provincia en la que, como en casi todas las de España, los propietarios de viviendas recelan antes de sacarlas al mercado del alquiler por los problemas estructurales, amparados en la mayoría de las ocasiones por la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, con los que se encuentran cuando el inquilino decide no pagar la renta. Quebraderos de cabeza, años de litigios y, en muchos casos, epílogos plagados de situaciones en las que el dueño del piso lo recupera "en pésimas condiciones o destrozado", según apuntaron ayer fuentes del colectivo. La propia presidenta del COAPI, Marifé Esteso, apuntaba ayer que "entre las personas que viven de alquiler te puedes encontrar de todo. Desde el inquilino ideal que cumple con la renta y cuida la casa como si fuera suya, hasta con auténticos profesionales que se conocen la legislación y a los que prácticamente resulta imposible notificar una citación", subrayó Marifé Esteso, presidenta de un colegio del que forman parte 250 profesionales repartidos por todos los municipios de la provincia.
La Corte de Arbitraje se constituye como un instrumento de resolución de conflictos en los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales a fin, de que tanto los propietarios como los inquilinos puedan resolver sus diferencias en un plazo breve, y se presenta ahora mismo como una la alternativa mucho más rápida y económica que acudir los Tribunales de Justicia, según los Api. Los laudos (figura con el valor de una sentencia) que dicte la Corte tendrán un valor equivalente a las decisiones judiciales y también gozarán de carácter ejecutivo. Marifé Esteso asegura que el Colegio tiene los medios para que se dicten en un plazo que, en ningún caso, excederá de los dos meses, sin que sea obligatoria la intervención de abogados o procuradores. El servicio está a disposición de los Api colegiados y de cualquier persona, mediante la inclusión de una cláusula anexa a un contrato de arrendamiento, incluso los que ya están en vigor. Esteso mostró su confianza en que el nuevo servicio arbitral que prestarán los Api permita impulsar la contratación de los alquileres de pisos.

Seguro antimorosos

La puesta en marcha de la Corte de Arbitraje del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria representa un salto cualitativo en el mercado del alquiler. Hasta ahora, los dueños de un piso sólo contaban para resolver conflictos con morosos con el Juzgado, o con los seguros de dos años contra los impagos, desperfectos en las viviendas y costas judiciales que ofrece la Agencia Valenciana de Alquiler -institución pública- durante los dos primeros años de vigencia del alquiler de los pisos que reciben. También existe la Junta Arbitral de Consumo, pero dilucida sobre temas de consumo: electrodoméstico con desperfectos tras la compra, teléfono móvil que falla o, por ejemplo, incumplimiento de las condiciones de un viaje.

Mil casos al año

Jueces, dueños de viviendas y agentes de la propiedad inmobiliaria se las ven y las desean todos los años para poder actuar contra los morosos, entre los que se dan casos de auténticos artistas del "escaqueo". Personas a las que resulta prácticamente imposible notificarles que deben acudir al juzgado, con lo cual el caso no puede arrancar. Existen casos de morosos a los que no se pudo entregar la nota durante un año.
Los juzgados registran unos mil casos al año, según apuntó ayer Vicente Magro, presidente de la Audencia, quien, precisamente, logró el pasado fin de semana durante un congreso con 400 juristas celebrado en Oviedo, sacar adelante una propuesta para la creación de juzgados especiales en los que se dirimirían temas como impagos de rentas o hipotecas. El proyecto está ya en la Comisión de Justicia del Congreso. En la provincia estarían en Alicante y Elche.