En hora y media resolvió ayer el magistrado José Flors las dos declaraciones con las que comenzaron las pruebas testificales de la ramificación del caso Gürtel en la Comunidad que investiga un presunto delito de cohecho por el que están imputados el presidente del Consell -cuya declaración está prevista para hoy-; su número dos en el PP, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos -que lo hicieron ayer-; y el ex jefe del gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, además del empresario Álvaro Pérez Alonso, quienes también responderán hoy a las preguntas del juez. El magistrado no ha tomado medida cautelar alguna tras las comparecencias de ayer, con lo que tanto Costa como Campos siguen en la causa en calidad de imputados.
A falta de conocer los detalles de la declaración de Campos, quien llegó con más de una hora de antelación al TSJ acompañado de su abogado y se limitó a decir a su salida que se encontraba "tranquilo", Ricardo Costa sí fue más explícito después de una hora respondiendo a las preguntas que le plantearon tanto el juez como las fiscales Anticorrupción en una comparecencia en la que también estuvieron presentes representantes legales de las demás partes personadas entre los que habría estado un miembro del bufete de Javier Boix, el abogado de Camps que pidió aplazar un día la comparecencia del jefe del Consell por coincidir, alegó, con otro señalamiento.
Arropado por la cúpula de su partido, lo que evidenció aún más la soledad de Campos, y por su novia, la edil de Alicante Laura Chorro, Costa llegó a la sede del TSJ cuando faltaban tres cuartos de hora para su cita con el juez sin poder ocultar una cierta tensión que no le impidió, sin embargo, intercambiar algunas palabras con los periodistas, recibir muestras de apoyo y algún que otro grito de "¡ladrón" que no pasó, en ninguno de los casos, de la anécdota.
Al filo de la una de la tarde un Costa algo más relajado abandonó el TSJ deteniéndose hasta en tres ocasiones en los escasos metros que separaban la puerta del edificio judicial de su coche para atender a los medios. El secretario general del PP en la Comunidad se escudó en el secreto de sumario, aunque fue levantado hace semanas, para no dar más detalles de su declaración aunque sí dijo que le había contado a su señoría que él pasó a ostentar las responsabilidades políticas que ocupa en la actualidad en fechas posteriores a los cargos que se le imputan, es decir, la recepción de trajes pagados por firmas del supuesto cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, a cambio de favorecer a sus empresas. Costa abundó más en sus argumentos exculpatorios al afirmar que su abogado disponía de pruebas documentales que probaban su inocencia -aportadas ayer al juez José Flors, aseguró- y precisó, a la pregunta de si había respondido a todas las cuestiones, que había explicado "más de lo que le habían pedido".
En su argumentación para tratar de desligar su actual actividad política de los presuntos delitos que se le imputan, Costa apuntó que accedió a la secretaría general del PP en junio de 2007, una vez que se produjo la renuncia de Adela Pedrosa, y que no fue hasta abril 2008, tras la marcha de Esteban González Pons a Madrid, cuando pasó a hacerse cargo de la portavocía de la formación en las Cortes. En este sentido, recordó que las facturas de trajes que forman parte del sumario corresponden a fechas previas. Sin embargo, Ricardo Costa fue elegido vicesecretario general, con funciones de Organización y de preparación de actos públicos del PP -muchos de ellos encargados a Orange Market-, en el congreso celebrado en Castellón en noviembre de 2004, coincidiendo con el primer año de trabajo de la citada empresa, la filial valenciana de la red corrupta; y, con anterioridad a ocupar el puesto de síndic del PP en las Cortes, era portavoz adjunto y responsable del área de Economía. La empresa de El Bigotes habría recibido, al menos, 8,2 millones de euros en contratos desde 2004 hasta ahora.
Grabaciones
Aunque, en círculos del PP, durante una buena parte de la tarde se especuló con la posibilidad de que el juez hubiera hecho escuchar a Ricardo Costa conversaciones grabadas entre él y El Bigotes, incorporadas a la causa, en las que el síndic del PP en las Cortes Valencianas daría instrucciones para que Orange Market lograra adjudicaciones, la dirección regional del PP desmintió de plano a primeras horas de la noche que esto hubiera ocurrido. En las filas populares, de hecho, se trasladaba que en el partido había tranquilidad.
Hoy continuarán las pruebas testificales solicitadas por el juez instructor con la declaración, a partir de las diez de la mañana, del presidente de la Generalitat; una hora más tarde comparecerá Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo; y cerrará la ronda el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso.
