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P. ROSTOLL / M. GALLEGO El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se declaró ayer competente para asumir la investigación de la "operación Gürtel" -la trama corrupta desmantelada por el juez Garzón que operaba en la Comunidad y Madrid en la que está implicada Francisco Camps, que habría recibido pagos en especie- aunque sugiere que el caso, al investigar a diputados y cargos autonómicos de dos comunidades, tendría que ir al Supremo, una medida que podría dar un nuevo vuelco a la investigación contra Camps. Baltasar Garzón, encima, abonó aún más la tesis del Supremo -algo que el juez de la Audiencia Nacional defiende casi desde su primer auto- al implicar a dos aforados nacionales -el senador Luis Bárcenas, tesorero del PP, y el eurodiputado Gerardo Galeote- de los que asegura que recibieron pagos en metálico y regalos por más de dos millones de euros, tal y como consta en el auto que el juez hizo público a última hora de la tarde con el que deja en manos del TSJ de Madrid el futuro judicial de un caso en el que Camps se juega su futuro político.
El auto del alto tribunal madrileño -que lleva adelanto en la revisión del caso sobre el TSJ valenciano, que aún no se ha pronunciado sobre su competencia- considera que hay indicios suficientes contra tres diputados autonómicos madrileños, pide que Garzón deje de instruir y reclama que se le remitan la totalidad de las actuaciones. Todo ello sin perjuicio de lo que decida el alto tribunal de la Comunidad. En el caso de que éste se declarara competente para investigar a Camps y a su número dos en el PP, Ricardo Costa, advierte el tribunal madrileño, se produciría una situación de "concurrencia".
El propio TSJ de Madrid, en ese caso, sugiere que todo el caso vaya al Tribunal Supremo para evitar esa situación. El auto cita, incluso, jurisprudencia del año 1996 cuando se produjo la sentencia contra la Mesa Nacional de HB -de la que formaban parte diputados autonómicos vascos y navarros- para insistir en la teoría de que cuando, en una misma causa, aparezcan como responsables personas aforadas de dos comunidades diferentes, como sería en este caso, correspondería "a la sala segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa". El alto tribunal madrileño pide su opinión a la Fiscalía Anticorrupción porque, insiste, el asunto puede acabar siendo competencia del Supremo.
Otro elemento que alimentaría las posibilidades de que la "operación Gürtel" acabara en el Supremo sería la implicación de parlamentarios en las Cortes Generales o Bruselas. Y eso fue lo que hizo Garzón a última hora de la tarde. Basándose en nuevos informes de la Policía, el magistrado implicó en el caso al tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote, que, apunta el auto, han quedado identificados "sin ningún genero de dudas". El responsable de las finanzas de los populares habría recibido, según Garzón, cerca de 1,4 millones de euros de la red de Francisco Correa. Mientras que Galeote podría haber percibido 652.000, la mayoría en dinero y una parte -unos 24.000 euros- en dos coches para él y su esposa. Garzón cree que ambos se valieron de su posición en el PP para colaborar con Francisco Correa a cambio de dinero y pagos en especie
Este último paso de Garzón al enviar al TSJ de Madrid indicios de delito contra Bárcenas y Galeote abre de nuevo la posibilidad de que la investigación de esta trama se amplíe al Tribunal Supremo, además de la instrucción del TSJ de Madrid y la que pudiera realizar el alto tribunal valenciano. En el caso del senador y del eurodiputado, será el TSJ de Madrid el que, en función del peso de los indicios contra ellos, remita el asunto al Tribunal Supremo. Algo que se puede hacer nada más practicar las diligencias más urgentes, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o una vez finalizada la instrucción, en lo que viene a ser la doctrina del Supremo.
Un mismo caso pero en tres tribunales
Aunque hay voces que apuntan a la posibilidad de que el Supremo unifique todas las causas que ahora se encuentran en Madrid y Valencia, pocos son los que se se apuntan a ellas. Es más, puede darse el caso de al final sean tres los tribunales que instruyan y juzguen los hechos relacionados con esta presunta trama de corrupción en el PP aun cuando se trate de hechos conexos. En el caso de Camps, de ratificarse los hechos relatados por Garzón, el ámbito seguiría siendo el del TSJ de la Comunidad tanto por su condición de aforado como por el lugar donde presutamente se comentió el delito que sería, de ser ciertos los extremos que plantea el magistrado, en Valencia, donde se habría hecho entrega de los trajes.
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