P. R. F.
Y mientras el futuro político de Francisco Camps depende de una investigación judicial, la actividad parlamentaria de las Cortes Valencianas se centra precisamente, y en gran medida, en la trama de corrupción en la que el juez Garzón implica al presidente de la Generalitat. Y no parece que el PP esté demasiado dispuesto a dar excesiva información sobre la vinculación de la administración autonómica con las empresas de la red de Francisco Correa que tenían contratos con el Consell.
La Mesa de las Cortes, con mayoría del PP, rechazó los recursos presentados por los socialistas contra el veto a cerca de medio millar de preguntas sobre la penetración de la trama de corrupción en la Generalitat, informó el síndic del PSPV, Ángel Luna. Igualmente, los populares aceptaron una prórroga de, al menos quince días, para que el Consell conteste a diversas preguntas, registradas por el socialista José Camarasa, en las que se interrogaba al Gobierno sobre la relación de los grandes proyectos de ocio impulsados por la Generalitat -entre ellos, la Ciudad de la Luz en Alicante- con Orange Market, la filial valenciana de la red de Correa que dirigía Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes"; y Special Events, la mercantil que organizó durante años actos para el Partido Popular en Madrid. De momento, los populares no responderán a eso ni tampoco a la relación del conseller Serafín Castellano con Construcciones Taroncher, la empresa de unos íntimos amigos que recibió contratas, según apunta el PSPV, de hasta tres consellerias.
Ni preguntas ni tampoco una comisión parlamentaria. La Mesa de las Cortes rechazó tramitar una petición de Compromís -el grupo parlamentario que comparten el Bloc e Iniciativa- para que se abriera en la Cámara autonómica una investigación sobre el caso. El PP no quiere hacer un juicio paralelo. Pero Camps no podrá escabullirse del debate: mañana, en la sesión de control al presidente, volverá a ser preguntado sobre la trama de corrupción.
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