P. C.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, alertó ayer de la preocupante situación que se está viviendo en los juzgados alicantinos ante el incremento de la litigiosidad a causa de la crisis y aseguró que sólo en el primer trimestre las necesidades de nuevos órganos judiciales han pasado de 32 a casi cincuenta.
Magro compareció en una rueda de prensa con la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, y ambos criticaron que el Gobierno haya retrasado a diciembre la puesta en marcha de los cinco nuevos juzgados previstos en Orihuela, Dénia, Elda, Torrevieja e incluso el Mercantil de Elche, que será el único de España que se cree el próximo mes de abril. La consellera indicó que dada la grave crisis actual no se puede retrasar el juzgado de Elche y pidió al Gobierno que reforme la ley para que sea la Generalitat la que decida "cuándo y dónde" se crea un juzgado.
En cuanto a la cesión del edificio de la Audiencia, la consellera dijo que la Conselleria de Hacienda es quien debe dar la permuta y dijo que no debe interferir en la Ciudad de la Justicia de Alicante, que "tiene la mayor prioridad de todos los proyectos". Así, indicó que la semana pasada se reunieron técnicos de la Conselleria y del Ayuntamiento para "resolver los escollos técnicos y solucionar los problemas de alturas, volumetría y otras cuestiones".
Sobre una nueva posible huelga de jueces, Magro dijo que a su juicio no es la solución pero defendió el derecho de sus compañeros a hacerla.