La política urbanística del Consell recibe otro rapapolvo del Parlamento Europeo

F. J. BENITO El Pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer, por tercera vez en los últimos cuatro años, un informe que condena la política urbanística seguida en España -la Ley Estatal del Suelo entró en vigor en 2008 incluye artículos denunciados- y especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía donde, según un trabajo coordinado por la eurodiputada verde Margrete Auken, la legislación urbanística vulnera los derechos de los propietarios del suelo en los procesos para desarrollar planes urbanísticos. El informe, que exige cambiar la legislación, salió adelante por una amplia mayoría -349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones- y, entre sus conclusiones, plantea la paralización de la concesión de fondos estructurales, y la suspensión de todos los Programas de Actuación Integrada (PAI) que contradigan las directivas europeas en materia de protección de medio ambiente y contratos públicos.
El informe aprobado condena el desarrollo urbanístico llevado a cabo en España por violar supuestamente múltiples directivas comunitarias, exige una moratoria sobre todos los proyectos urbanísticos, sugiere la posibilidad de suspender las ayudas de los fondos estructurales a España e, incluso, plantea abrir un procedimiento para suspender a España como miembro de la UE por no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Parlamento Europeo exige también la derogación de la polémica figura del agente urbanizador, regulada en la Ley Urbanística Valenciana, adoptada después por el resto de legislaciones urbanísticas autonómicas, y que en la práctica ha permitido que los promotores desarrollaran planes urbanísticos sin tener la propiedad del suelo lo que, según el informe Auken, vulnera el derecho de los ciudadanos afectados que presentaron miles de denuncias en Bruselas y generaron la reacción de la Comisión Europea. España acumula así tres denuncias sobre el urbanismo, las anteriores se produjeron en diciembre de 2005 y junio de 2007.
PP y PSOE habían intentado suavizar el contenido del trabajo presentando sendas enmiendas que fueron rechazadas por los eurodiputados. La del PP sólo tuvo 126 votos a favor y la del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos pero antes de la votación, el laborista británico Michael Casham anunció su renuncia e instó al resto de europarlamentarios a hacer lo mismo. Finalmente, la enmienda del PSOE español fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor, entre ellos los de los populares españoles.
Tras conocer el informe, el conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, trasladó la opinión el Consell calificando el documento como "totalmente intolerable y politizado". García Antón apuntó que el informe evidencia "un claro desconocimiento de las instituciones urbanísticas en el Derecho español, desde el derecho de la propiedad, reconocido en nuestra Constitución hasta las leyes de las comunidades autónomas". En este sentido, el conseller recordó que la UE no tiene competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que es competencia de los estados miembros. García Antón subrayó que el informe Auken "no es vinculante" y lamentó que su único objetivo es "llevar a la opinión pública a la confusión y al error".

Palo para los promotores
Por su parte, la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana denunció que la condena tiene "consecuencias negativas para el sector inmobiliario" que agravarán "la coyuntura actual". El secretario general de la Federación, Benjamín Muñoz, señaló que el informe "está plagado de afirmaciones alejadas de la realidad, intolerables y ofensivas que producen un daño social y político relevante".

La Eurocámara, contra la Ley de Costas

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas celebró la aprobación del informe porque supone un "reconocimiento" de que le legislación se aplica de manera "abusiva, caótica y arbitraria". El Parlamento también recogió la denuncia presentada contra España en febrero de 2008 y exigió el cambio. El portavoz de esta Plataforma, José Ortega, destacó que se reconoce en Bruselas que la ley se está aplicando con carácter retroactivo, "lo que perjudica a personas que compraron sus casas en una situación legal", y que las compensaciones que se ofrecen son "insuficientes". Ortega anunció que remitirá un documento al Gobierno con los cambios que hay que introducir en la ley, como el cambio de la definición que se hace de playa y de zona marítimo-terrestre, porque, a su juicio, son "víctimas de la manía de que a la hora de definir el dominio público, cuanto más mejor". Teresa Alonso, portavoz de los propietarios afectados en la calle Sol Naciente de la Albufereta, mostró también su satisfacción.

Puerta abierta a la revisión del Plan Rabasa

El portavoz de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), Manuel Alcaraz, reclamó ayer al conseller José Ramón García Antón que "tenga la sensibilidad suficiente para revisar a fondo el Plan Rabasa antes de su aprobación definitiva, porque el informe Auken apunta directamente a este macroproyecto en el sentido de que estuvo mal planteado y tramitado desde el primer momento. Debe ser uno de los últimos macroplanes que queda por aprobar".
Alcaraz, por otro lado, consideró "vergonzoso que una vez más el urbanismo del País Valenciano haya quedado en evidencia en la Unión Europea".