PERE ROSTOLL
El bloqueo de las negociaciones en el Congreso entre el PSOE y el PP ha llevado al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, a presionar a Ferraz, la dirección de su partido en Madrid, para intentar salvar su polémico Estatuto, que incluye el cierre del Tajo-Segura -vital para el abastecimiento a Alicante-, mediante un pacto con los nacionalistas y al margen del PP. Barreda no quiere que, finalmente, el documento, aprobado en su día con los votos de socialistas y populares, caiga en saco roto pero, sin embargo, la ejecutiva federal del PSOE ya ha advertido que será inflexible: no habrá Estatuto sin que tenga el visto bueno del PP.
Y es que Ferraz no quiere, de ninguna de las maneras, asumir en solitario el coste que el visto bueno al documento podría tener en autonomías como Murcia y, sobre todo, la Comunidad Valenciana, donde los socialistas no levantan cabeza desde hace década y media. Por ello, la dirección federal del PSOE no está dispuesta, al menos esa es la posición que hoy está encima de la mesa, a acceder a las pretensiones de Barreda que, como argumento, recuerda que, en su día, el Estatuto catalán se aprobó sin el consenso de los populares y el aval de los nacionalistas.
Pese al intento de Barreda, la prioridad del PSOE sigue siendo pactar con el PP. Y, si eso no se produce, algo que parece hoy por hoy bastante probable, apartar la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha. Seria posible, incluso, que el propio líder de los socialistas manchegos -responsable del consejo territorial del PSOE- acabara retirando el texto entre la presión no sólo de presidentes del PP como Francisco Camps o Valcárcel sino también de su propio partido. Tanto Jorge Alarte com el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ya han mostrado su rechazo a las intenciones de Barreda y estarán junto a los agricultores en las próximas manifestaciones de Murcia y Elche.
Así que la batalla política apunta a un bloqueo del Estatuto de Castilla-La Mancha pero también la propia negociación en el Congreso. Socialistas y populares están de acuerdo en sacar la fecha de caducidad del Tajo-Segura en 2015 del articulado e incluir, sin valor jurídico, en el preámbulo pero no se ponen de acuerdo en la reserva estratégica. Barreda quiere que se fije una reserva estratégica de 600 hm3 en Entrepeñas y Buendía lo que, en la práctica, supondría cerrar ya el trasvase; mientras que el PP acepta esa reserva pero en todos los pantanos de la autonomía lo que daría un respiro al futuro de la conducción.
Otro acuerdo en la Diputación
En la Diputación, mientras, populares y socialistas han vuelto a sellar otro pacto. El pleno correspondiente al mes de marzo aprobó, por unanimidad, una declaración institucional, presentada por la vicepresidenta Mónica Lorente y el portavoz del PSPV, Antonio Amorós, en la que se reitera la solidaridad con las comarcas de la Comunidad, Murcia y Almería que "sufren las consecuencias de la limitación en las disponibilidades de agua". El texto establece que "la caducidad del trasvase Tajo-Segura, o incluso una reducción de los caudales a trasvasar, si se fijara en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ocasionaría un grave quebranto de los derechos de los ciudadanos". Los socialistas también arrancaron a los populares un pacto para que respalden la manifestación que se celebrará el próximo 27 de marzo en Elche. Igualmente, los populares presentaron ayer una moción en el Ayuntamiento de Benidorm en la que piden rechazar el cierre del Tajo-Segura.