Fiscales y abogados negocian un sistema que evite 15.000 citaciones de testigos al año

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ El Colegio de Abogados de Alicante presentó ayer en la Fiscalía una propuesta para articular un sistema de trabajo por el que acusados por pequeños delitos puedan conformarse antes del juicio, evitando así citaciones de testigos y esperas en los pasillos de los juzgados. Se estima que en la provincia de Alicante, cerca de 15.000 personas son llamadas a declarar cada año a juicios que al final no se acaban celebrando porque cuando llega el momento del juicio el acusado se quiere conformar. Entre ellos se encuentran policías, peritos o simples testigos de los hechos. "Si esto se hubiera sabido antes, se podría haber evitado llamar a toda esa gente", explicó ayer el fiscal jefe de Alicante. La propuesta será presentada al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que autorice la firma del convenio con el Colegio de Abogados.

Una delegación de la junta de gobierno del Colegio de Abogados se trasladó ayer a la Audiencia de Alicante para presentarles el convenio por el que se articulará el sistema de trabajo que permitirá hacer llegar al ministerio público que el acusado se quiere conformar. "Lo ideal sería que el acusado lo dijera ya una vez que pasa a disposición judicial", recalcó Romero.

Cuando el detenido ha pasado a disposición del juzgado de guardia, si quiere conformarse con la acusación para obtener una rebaja en la condena, el abogado podría hacérselo conocer al fiscal. De esta manera, se ahorrarían numerosos y costosos trámites para celebrar el juicio. La vista se celebraría en el juzgado de lo penal con la asistencia del acusado y su abogado, así como del fiscal, sin necesidad de tener que citar a nadie más. El abogado podrá comunicar vía informática o por teléfono al fiscal que su representado quiere llegar a un acuerdo.

El procedimiento permitirá agilizar los señalamientos, ya que el juez tendrá conocimiento de antemano de que la vista no se va a prolongar.

El secretario del Colegio de Abogados de Alicante, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que el objetivo es evitar colas y esperas. "Se benefician tanto los ciudadanos, como los profesionales", señaló. En este sentido destacó que han visto interés en el ministerio público en la propuesta. "Es el mismo sistema que ya se ha puesto en marcha en Málaga y en Castellón, por lo que no creo que haya problemas para que se autorice aquí también", aseveró.

Con el objetivo de potenciar las conformidades, hace cinco años la Fiscalía ya nombró un delegado para que se encargara de negociar ese tipo de acuerdos. Sin embargo, el servicio ha estado enfocado para llegar a conformidades en procesos que se celebraban en la Audiencia. Por eso, desde ese departamento tan sólo se pudieron cerrar el año pasado cuatro acuerdos. La idea del nuevo sistema es centrarse en los pequeños casos. Conducción bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, hurtos, lesiones y en general pequeños delitos, que no son materia de juicios rápidos.

Se estima que cerca del 40% de los juicios penales que se celebran en la provincia acaban con una conformidad. La gran mayoría se cierra el mismo día del juicio, pocos minutos antes de la vista y cuando todos los testigos ya han sido citado y esperan en el pasillo del juzgado a que les llamen a declarar.

El CGPJ critica la huelga

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, manifestó ayer en Alcoy que la huelga planteada por los jueces para el 18 de febrero "no es la medida más adecuada para que se hagan efectivas las reivindicaciones del colectivo", informa M. Vilaplana. Bravo señaló que el Consejo apoya la mayor parte de las reivindicaciones de los jueces, al tiempo que les agradeció su "interés e inquietud" para conseguir que los problemas por los que atraviesa la Justicia "se hayan hecho visibles". En este sentido, coincidió con ellos en que "tenemos una Justicia obsoleta", y que "todos debemos ponernos las pilas para que sea moderna y tecnológicamente avanzada". Sin embargo, cuestionó abiertamente la huelga, sobre la base de que "va a ocasionar un gran perjuicio al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva".