Los padres de la concertada aconsejan a los objetores de EpC que sus hijos vayan a clase

A. PRADO El presidente de los padres de alumnos de centros católicos concertados en la provincia de Alicante (Concapa), Antonio Ardid, señaló ayer tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo -que rechaza el derecho a objetar contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía- que desde esta entidad "recomendamos a los padres que cumplan la ley y que los alumnos que no entraban en el aula en esa asignatura lo hagan ahora".

Ardid señaló que, con independencia de que Concapa pueda recurrir el fallo al Tribunal Constitucional y de la postura personal que adopte cada familia, "ahora lo que hay que hacer es cumplir la ley y habrá que entrar en el aula porque el Supremo no reconoce la objeción, eso es lo que recomendamos. Hasta ahora había un vacío legal y ahora lo mejor es que esto no afecte al currículum de los alumnos".

No obstante, el presidente de la Concapa -que engloba a padres de 84 centros escolares concertados y privados de la provincia- señala que habrá que esperar a leer la sentencia "ya que parece que se da entrada a que podamos impugnar temarios, textos e incluso contenidos de la asignatura".

La Conselleria de Educación manifestó a través de un comunicado que "acata" la sentencia del Tribunal Supremo, aunque apuntó que el fallo "no afecta en absoluto al modo de impartición de la asignatura en la Comunidad en cuanto a la lengua vehicular recogida en la orden que regula EpC", por lo que "se va a continuar con el régimen que en estos momentos se está dando en cada centro".

Educación indicó que, "por ahora, sólo se conoce el fallo de la sentencia respecto a la objeción, por lo que habrá que esperar a que se haga pública para conocer el alcance de la resolución judicial y si afectará a cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura", recalcaron, tras acusar a Zapatero de "dividir" a la sociedad.

Por su parte, Laura Oliva, la portavoz de la Permanente de directores de centros de Secundaria, señaló que pedirán instrucciones a la Inspección de Educación "para que digan qué hacer con los alumnos que no hayan ido a clase" tras indicar no obstante que sólo se ha dado algún caso en dos institutos públicos. Oliva se congratuló de que "se resuelva un contencioso que ha creado malestar en los centros y se ponga punto final a este problema, ya que se corría el peligro de que se objetara sobre cualquier asignatura y supongo que ahora esos alumnos tendrán que volver a clase y examinarse".

Por su parte, la Plataforma Educación en Libertad de Alicante -que reúne a 9 entidades, entre ellas Concapa- reconoció ayer que el fallo "es un mazazo a la objeción pero no nos vamos a quedar en este punto y cuando el Tribunal Superior de Justicia resuelva nuestros recursos -35 en la provincia, de 290 padres y 360 alumnos- recurriremos al Supremo o al Constitucional", indicó José Berná, miembro de este colectivo, que organizó las últimas protestas. Berná, no obstante, pidió cautela hasta conocer los detalles de la sentencia, "porque si se modifican los contenidos de la asignatura no necesitamos objetar". Pese a todo, añadió, "seguimos animando a la objeción y estaremos vigilantes ante los abusos que haya".

Según la Conselleria de Educación, las familias que han presentado la objeción de conciencia para sus hijos ascienden a 5.600 en la Comunidad -3.500 en la provincia, según la Plataforma Educación en Libertad-, independientemente de que cursen ahora la asignatura o no, o de que vayan a clase. Nadie es capaz de cifrar los alumnos que no atienden la clase de EpC, ni siquiera el Consell.