J. A. MARTÍNEZ / N. IGLESIAS
La Fiscalía de Alicante ha empezado a pedir condenas por asociación ilícita a bandas organizadas especializadas en robos a viviendas, según confirmaron fuentes judiciales. Hasta la fecha, cada vez que se juzgaba a estas bandas se les pedía penas de prisión por cada uno de los asaltos que se les imputaban. Con esta acusación pueden salir condenados por otro delito, por lo que las penas que se les imponga supondrían entre dos y tres años más.
Es el caso de una presunta banda organizada que juzga la Audiencia Provincial esta semana y cuyos ocho miembros se enfrentan a penas que suman los 150 años de prisión. Hace tres años el fiscal jefe ya firmó un decreto en el que se emplazaba a los acusadores a que extremaran el celo en su intervención en los casos de asaltos a viviendas y a que se acusara a los imputados por el delito de asociación ilícita, siempre que se pudiera aplicar.
En el juicio que empieza mañana, es la primera vez que se aplica este delito para una banda de asaltos a viviendas en la Audiencia, aunque en los juzgados de lo Penal ya se han celebrado algunos juicios por este concepto. Fuentes de la Fiscalía reconocieron la dificultad de probar este delito, ya que estos grupos suelen actuar en distintas localidades y cada uno de los robos que se les imputan pueden acabar repartidos entre distintos juzgados. La dificultad está además en probar que la banda funcionaba de una manera jerarquizada.
La banda a la que se juzgará mañana está acusada de nueve robos, ninguno con violencia, en las comarcas de la Vega Baja y la Marina Baixa y sus miembros eran de origen magrebí. En el momento de su arresto planeaban el homicidio de un ciudadano británico en Benidorm, según desvelaron las intervenciones telefónicas. Al parecer, la intención era robarle un cargamento de drogas. Su supuesta víctima no pudo ser identificada, aunque se les mantiene la acusación por tentativa de robo con violencia. La banda está acusada del robo de joyas, electrodomésticos, vehículos de lujo, así como de tráfico de hachís y falsificación de pasaportes. Por todos estos delitos se reclaman penas que suman veinte años de prisión para cada uno de los acusados. Además, para los dos cabecillas de la red de piden tres años de prisión; mientras que para cada uno de los otros cinco miembros, se piden dos años por asociación ilícita.