Un sistema informático permitirá a los juzgados controlar a 8.000 reincidentes

N. IGLESIAS/ J. A. MARTÍNEZ Los juzgados de Alicante contarán a partir de este martes con una nueva aplicación informática que permitirá controlar de manera más exhaustiva los historiales de los delincuentes reincidentes que operan en la provincia. Se estima que pueden superar los 8.000 sospechosos al año, ya que un 30% de los procesados son reincidentes. Con este nuevo sistema, los juzgados de la provincia, y en especial aquellos que se encuentren de guardia, tendrán acceso directo por ordenador al Registro de Penados y Rebeldes.

Hasta ahora la única vía de consulta de este registro era a través del fax, lo que retrasaba enormemente el poder averiguar los antecedentes de un detenido. El sistema se pone en marcha cuando todavía están abiertas las heridas por los problemas de falta de medios de la Justicia que el caso de la niña Mari Luz ha puesto en evidencia.

El sistema facilitará a los profesionales de la administración de Justicia detectar aquellos procedimientos sobre los que ya existe una condena anterior por la autoría de algún tipo de delito, así como los autos de rebeldía dictados.

Según fuentes judiciales, los índices de reincidencia por parte de los penados alcanzan en la provincia una tasa del 30%. Una cifra que se traduce en más de ocho mil casos anuales atendiendo a las últimas estadísticas aportadas por la Subdelegación del Gobierno de Alicante, que cifran en 26.902 y 23.534, el total de detenidos en Alicante durante el pasado año y el periodo del 2007, respectivamente.

El nuevo sistema comenzará a funcionar el próximo 27 de enero en los diferentes juzgados de España, tras un periodo de pruebas y de formación que se ha realizado durante las dos últimas semanas. La nueva aplicación pretende, entre otros objetivos, simplificar el trabajo de los juzgados, facilitar las conexiones entre ellos, y contribuir, así, a evitar casos como el citado de la pequeña Mari Luz en el que no se ejecutó una sentencia pendiente por un delito de abusos sexuales.

Con este mecanismo, los juzgados avanzarán en áreas que han sido objeto de múltiples reivindicaciones por parte del colectivo como son la interconexión entre los diferentes órganos de Justicia, ya que a partir del martes las informaciones "enviadas al Registro de Penados desde Alicante podrán ser consultadas de manera informatizada y en cuestión de segundos por cualquier otro juzgado de España y de igual manera a la inversa", según expusieron a este diario fuentes judiciales.

Además, la aplicación permitirá solicitar datos de los registros europeos cuando la persona que va a ser juzgada carezca de nacionalidad española. Una posibilidad que permitirá conocer los antecedentes aplicados a estos sospechosos en sus países de origen.

El nuevo Registro, impulsado por el Ministerio de Justicia dará respuesta, además, a otra de las exigencias de los colectivos judiciales como es la digitalización como herramienta de trabajo. El uso de este servicio está previsto para comunicar las sentencias vía informática, "eliminando el soporte papel como se venía haciendo hasta la fecha", según recoge la circular explicativa sobre el funcionamiento del programa.

La consulta de los historiales de antecedentes, así como la introducción y unión de procedimientos sólo estará autorizada a un grupo reducido de personal seleccionado por los secretarios judiciales. Una situación que, según explicaron desde los juzgados, puede limitar la rapidez de trabajo, ya que son múltiples los asuntos de consulta y pocas las personas que podrán estar acreditadas para realizarlas.

Tras la puesta en funcionamiento de este Registro, el Ministerio ultima la activación del Registro de Medidas Cautelares. Una segunda aplicación que permitirá al juez contar con parámetros más concretos en el momento de decidir sobre la prisión o libertad provisional del imputado, así como sobre la suspensión de las penas privativas de libertad por otro tipo de medidas cautelares.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, señaló que pedirá que se estudie el nuevo registro como mecanismo para controlar la reincidencia en las faltas. El Gobierno del PP aprobó en su día una reforma por la que se podía acusar de un delito a aquel delincuente que fuera condenado por más de cinco faltas, una herramienta que pretendía luchar contra la pequeña delincuencia y los hurtos. La medida no se ha aplicado nunca por la falta de un registro central que permita llevar el control de estas condenas. Magro señaló que propondrá ante el Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de que el registro de penados controle también las faltas, aunque eso supondría el inconveniente de tener que remitir todas las condenas por falta a este registro central.