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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Tras un año de aguas turbulentas en la Administración de Justicia por la falta de medios, el conflicto ha dado un paso más esta semana con la adhesión de la junta de jueces de Alicante a la convocatoria de huelga para el próximo 18 de febrero, una decisión que también han respaldado las juntas de jueces de las principales ciudades en España. En la Audiencia la postura ha sido la de dar un plazo de espera hasta junio. ¿Qué opina usted sobre la huelga?
Los magistrados en la Audiencia decidimos esperar porque ya había una negociación en marcha con el Ministerio de Justicia por parte de las asociaciones judiciales. Respeto la decisión de los jueces de Alicante, pero anunciar una huelga ahora es anticipar el resultado de esa negociación, que todavía no ha terminado. Con esta huelga, por un lado, se da por supuesto que el Gobierno va a rechazar todas nuestras demandas; y, por el otro, el Ministerio desconoce ahora quién es su interlocutor válido en la negociación. De todas maneras yo creo que una huelga no es el medio más adecuado, porque el principal perjudicado es el ciudadano. Lo vamos a tener en contra porque no va a entender nuestras reivindicaciones al ser el principal perjudicado por estas protestas. En caso de que la huelga sea una realidad, espero que se aplique la legislación laboral y unos servicios mínimos.
Aunque estoy convencido de que los asuntos urgentes no se van a dejar de lado.
¿Qué opina de la propuesta de algunos jueces de trabajar ajustándose estrictamente a lo que marca el reglamento?
Yo creo que es una forma de huelga encubierta. La realidad es que los jueces no tienen horario. Buena parte de las sentencias las hacen en su casa por la tarde o durante el fin de semana, porque se pasan la jornada laboral en la sala de vistas celebrando juicios y no tienen tiempo material para resolver. Poner esas sentencias en su jornada laboral significa que ese día no van a señalar ningún juicio y eso se traduce en retrasos. El problema es que durante demasiado tiempo las carencias de la Justicia se han dejado en manos de la buena voluntad de los jueces. Ahora mismo están trabajando hasta un 120% por encima de su capacidad y es una situación a la que no se le ve salida. Esto ha provocado el estallido del colectivo.
¿No encuentra contradictoria la postura de la Audiencia con lo acordado por la junta provincial de jueces?
Para nada, ya que los dos perseguimos solucionar los problemas de la Justicia, aunque hayamos optado por métodos distintos. No critico en modo alguno la decisión de mis compañeros que han querido ir a la huelga, pero el Ministerio todavía no ha respondido nada sobre lo que le pedíamos. De todos modos, pienso que los problemas que tenemos son urgentes y se deben arreglar ya. Hasta ahora se nos ha venido dando el 30% de lo que pedíamos.
¿Ha notado el ambiente enrarecido entre el colectivo judicial?
Hay bastante tensión porque hay compañeros que han dicho que ya no pueden más. Durante años, los jueces hemos sido bastante prudentes y preferido callar. El problema ha llegado cuando nos encontramos con se nos pretende culpar de las carencias de la Justicia. Además nos encontramos con un aumento demográfico, de la criminalidad organizada y de los pleitos económicos con motivo de la crisis. En definitiva, una carga de trabajo difícil de asumir. No es de recibo que en Contencioso se esté señalando para el 2011, ni que una simple reclamación de deuda tarde dos años en resolverse. Hay compañeros que han dicho ¡basta! y han pasado de no pedir nada a pedirlo todo. Lo que quieren es que el ciudadano sepa que ellos no son los responsables de estos retrasos.
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