"El sí a los paros es la forma de pedir un calendario serio de mejoras tras años de espera"

La decisión de los jueces de la provincia de respaldar de manera mayoritaria la convocatoria de huelga el próximo 18 de febrero ha supuesto una medida sin precedentes.

N. IGLESIAS Cansados de esperar unas mejoras que nunca llegaban, los profesionales han dejado a un lado su silencio para exigir una respuesta por parte de las administraciones. ¿Cómo valora usted la determinación del colectivo ante los paros?

El resultado de la junta provincial del pasado 21 de enero dio el sí a la huelga de una forma mayoritaria y muy positiva. Había dos posibilidades y nosotros nos decantamos por secundar los paros más inmediatos. Los jueces llevamos mucho tiempo pidiendo mejoras, presentando quejas por nuestra situación. El colectivo está ahora ante una realidad insostenible y ésta ha sido la vía para exigir al Ministerio de Justicia un calendario con fechas y plazos de cumplimiento.

Frente a la decisión de la junta de secundar la protesta, la Audiencia provincial se decantó por esperar ¿No cree que esta situación refleja cierta división?

Sobre la mesa había dos posibilidades sobre las fechas para realizar las protestas. En mi opinión, las dos opciones tanto la defendida por la junta como por los magistrados de la Audiencia son defendibles y razonables. En definitiva, todos buscamos que la Justicia mejore, por eso no podemos hablar de división.

¿Qué expectativas tienen en la reunión del lunes entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ? ¿Cómo puede influir en la convocatoria de huelga?

Estamos pendientes del encuentro y de los compromisos que puedan salir de estas negociaciones. Nosotros no hacemos esta huelga contra nadie, es una cuestión de avanzar, por ello conseguir las mejoras debe ser el objetivo y no las protestas. Para nosotros es de agradecer la postura dialogante del Ministerio y de las asociaciones, que están trabajando para conseguir un acuerdo satisfactorio.

¿Qué compromisos son para usted indispensables?

Más inversión para la Justicia. Estamos en porcentajes de un 1% frente al 3,5% de otros países. Este presupuesto es necesario para crear más órganos, para ajustar las ratios de trabajo y realizar nuestras funciones con la calidad que esta profesión requiere. Somos conscientes de la situación económica actual y también flexibles en nuestras posturas, pero necesitamos saber que nuestras peticiones tendrán respuesta.

¿Cómo calificaría la situación actual en los juzgados?

La situación es agobiante, por poner un ejemplo en la jurisdicción civil se ha aumentado en más de siete mil asuntos en tan sólo un año y los juzgados de lo social afrontan las mismas dificultades. No podemos seguir trabajando por encima de los módulos razonables, ya que sería hacerlo a costa de la seguridad.

¿Por qué cree que la Justicia ha llegado a esta situación de retraso?

La administración de Justicia es una de las más olvidadas, tal vez porque los resultados de las inversiones sean menos visibles. Aún así, quiero destacar el compromiso del CGPJ que desde su entrada ha comenzado un trabajo intenso, presentado un proyecto de reforma con plazos para ponerlo en marcha.

¿El caso del juez Tirado ha supuesto un punto de inflexión para el colectivo?

Desde mi punto de vista, este asunto no ha sido el desencadenante del momento que estamos viviendo ahora. Ha sido un episodio que tal vez sí nos ha hecho, de una manera más generalizada, sentarnos a pensar sobre la situación que está viviendo la Justicia, la forma en la que trabajamos. Estamos circulando a una velocidad de 160 kilómetros por hora por una autopista limitada a 120.