EUROPA PRESS. MADRID
Según explica el magistrado en un auto, de las actuaciones practicadas se desprende que los detenidos formarían un grupo que "podría estar desviando cantidades de dinero hacia personas o grupos terroristas yihadistas" utilizando para ello fraudes a la Hacienda Pública a través de un entramado empresarial. No obstante, Garzón reconoce que ahora no existen pruebas suficientes que conduzcan a acusar a los arrestados de un delito de financiación terrorista por lo que indica que la Guardia Civil deberá "continuar las investigaciones para discernir su eventual responsabilidad". El juez añade que el posible delito de defraudación a Hacienda está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona.
Por todo ello, el magistrado se ve obligado a decretar la libertad -con el acuerdo del fiscal y del tribunal catalán- eso sí, "adoptando las cautelares suficientes" para que los imputados estén a disposición de su Juzgado en el caso de que sea necesario. Según Garzón, los detenidos están relacionados con el entramado empresarial Bright Comunications Services S.L. y las cantidades que esta empresa habría dejado de ingresar por IVA entre 2002 y 2006 superan la cifra total de dos millones, dice el juez, que añade que "la desviación de fondos se realiza de forma similar al modus operandi de Al Qaeda".