REPORTAJE. BALANCE JUDICIAL
N. IGLESIAS
La falta de medios materiales y humanos, las condiciones salariales y la precariedad de las infraestructuras en las que a diario desarrollan sus funciones han encabezado las protestas con las que la justicia provincial ha roto su silencio, en un año, el 2008, marcado por las jornadas de reivindicaciones y las huelgas. Diferentes colectivos de la administración de justicia alicantina han expresado a pie de calle su particular "basta ya" con un total de cinco convocatorias de huelga y diversos paros y trámites de quejas.
Ahora, con la vista puesta en las juntas de jueces que se celebrarán el próximo 21 de enero en toda España, para evaluar un posible calendario de protestas, profesionales y sindicatos coinciden en calificar este momento como un punto de inflexión en el "silencio" que ha marcado al colectivo.
Calificando el pasado año como una etapa "convulsa", fuentes de Comisiones Obreras explicaron que las reivindicaciones en los diferentes puntos judiciales de Alicante son la respuesta a una situación "límite". Una contestación "al ostracismo de un sector cuyas reformas han quedado en el olvido de las administraciones en momentos de bonanza económica y que ahora se encuentra contra las cuerdas".
La exigencia de cambios marcó así el inicio del año pasado con concentraciones durante los meses de febrero y marzo en los juzgados de violencia sobre la mujer para reclamar más medios y el refuerzo de las retribuciones por la prolongación de los horarios que afrontaban las plantillas. Estos paros se tradujeron en retrasos y suspensiones en centenares de declaraciones y vistas en Alicante.
Los desajustes en las empresas adjudicatarias de los servicios de traducción -responsabilidad de la Conselleria de Justicia- puso a los intérpretes de la provincia al borde de la huelga tras cuatro meses de demoras en sus salarios.
El avance de 2008 despertó también el malestar entre el equipo de forenses con concentraciones en las que exigieron el pago de la deuda de 4.000 euros por profesional contraída por la administración autonómica. Las protestas más prolongadas, cerca de 20 días de huelga, las protagonizaron los trabajadores del equipo técnico de la Fiscalía de Menores de Alicante exigiendo el reconocimiento de su estatus de personal laboral indefinido, recogido en un fallo del TSJCV. Pese a todo, el momento de máxima tensión se vivió en octubre con la convocatoria de paro de los secretarios judiciales. Una decisión que movilizó en la provincia al 92% del colectivo exigiendo una mejora en las condiciones de trabajo. Junto a ellos los jueces apostaron por la celebración de juntas, en las que marcaron los tiempos para obtener alguna respuesta.
Sin un horizonte de cambio y con el caso de la pequeña Mari Luz Cortés en la retina, los profesionales plantean ahora unas movilizaciones sin precedentes. A la espera de ultimar los movimientos, el decano de los juzgados de Alicante, Juan Carlos Cerón, insistió en la necesidad de buscar soluciones "urgentes" que permitan cambiar el rumbo que ha adoptado la Justicia.