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FRANCESC ARABÍ El frenazo inmobiliario ha hecho que se resientan las aportaciones empresariales, que, además, se han visto obligatoriamente recortadas con la nueva legislación sobre este asunto.
Las ayudas empresariales ajustadas a la ley son menores en este primer ejercicio de vigencia de la nueva ley de financiación además de por la crisis, porque la nueva norma (la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio) prohíbe expresamente, en su artículo 5, las "donaciones anónimas", una fórmula que, en la práctica, blanqueaba extraños patrocinios. Protegida la identidad del mecenas no se podía establecer el vínculo con aquella concesión lograda por la empresa en el ayuntamiento gobernado por el partido apadrinado.
La anterior ley, de 1987, fijaba el tope de la contribución en 60.000 euros pero, al ser anónima, se podía legalizar cualquier suma fraccionándola en trozos de 60.000. Ahora, la cantidad máxima se ha elevado a 100.000 euros, pero se obliga al partido a abrir cuenta específica de donaciones y extender un certificado, que permite desgravar fiscalmente, como las cuotas de los militantes, hasta 600 euros anuales. Los conocedores del tema consideran que la nueva ley quiere "poner puertas al campo" y en el fondo fomenta la ilegalidad en la parte de financiación privada. La norma excluye a los contratistas de obra del listado de potenciales patrocinadores. Las ayudas más habituales se prestan, con todo, "en especie", con un bien o servicio a precio especial.
Respecto a las subvenciones públicas, la ley viene a ser un reconocimiento de que la democracia tiene un coste y mejor pagarlo desde los presupuestos públicos. En el Congreso, la mayoría de los partidos acordaron repartirse un pastel que arranca con 82 millones de euros. En la Comunidad, la cantidad ha sido de 3,5 millones de euros, a distribuir entre los grupos. En círculos políticos indican que no tardará en llegar a los municipios el desarrollo de la ley para que los Ayuntamientos financien también los partidos.
Además, los grupos institucionales suelen hacer trasvases. Y es legal. Las Cortes les aportan mensualmente un fijo de 9.900 euros, más 1.500 euros por diputado y casi 14.000 para personal. Los tres diputados de EU sólo tendrán 2.600 euros para personal, aunque cumplen a rajatabla la obligación de dar una parte del sueldo al partido.
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