Las instalaciones de la Audiencia Provincial no son dignas ni reúnen los requisitos de salubridad necesarios para que jueces y fiscales desarrollen su trabajo en condiciones mínimas de seguridad e higiene". Así de contundente se mostró ayer la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, tras la reunión mantenida en la Audiencia con jueces y fiscales para conocer las necesidades judiciales de la provincia. Para Bravo, lo operativo y eficaz sería que el Consell no esperara a que estuviera terminada la Ciudad de la Justicia y fuera buscando unas instalaciones provisionales donde ubicar la Audiencia. Gabriela Bravo, además de portavoz del nuevo CGPJ, es también delegada de esta institución por la Comunidad Valenciana.
"No podemos condenar a los profesionales a seguir trabajando en estas condiciones hasta que se ejecute la Ciudad de la Justicia", destacó la portavoz del CGPJ. En este sentido, el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, recordó que este proyecto lleva prometiéndose desde hace ocho años y que Alicante sigue siendo la única capital de provincia de la Comunidad que carece de una Ciudad de la Justicia. La reunión de ayer contó con los 21 magistrados de la Audiencia; el fiscal jefe y el teniente fiscal (José Antonio Romero y Juan Carlos López Coig); el secretario coordinador, Manuel Cerdán; y el director del Instituto de Medicina Legal, Rafael Bañón. Bravo prometió visitas a todos los partidos judiciales de la Comunidad y a los representantes de todas las jurisdicciones para conocer de primera mano sus necesidades de medios humanos y materiales.
En este sentido, la reunión de ayer tuvo que celebrarse en la sala de vistas para los juicios de jurado, dado que no hay ninguna dependencia para que los jueces se reúnan. Bravo destacó que hay jueces que ni siquiera tienen sofás donde sentarse y que tampoco hay estanterías ni archivos donde guardar los documentos.
Los magistrados y el derecho a la huelga
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, afirmó ayer que el Consejo "estará apoyando las reivindicaciones de los jueces" porque "han conseguido transparentar a la sociedad los males endémicos que afectan a la justicia desde hace muchísimos años". Bravo se refería a la posible huelga que algunas juntas de jueces están planteando para el próximo mes de febrero. Bravo indicó que estos paros "no están confirmados" y apuntó que confía "en que no sea necesario llegar a estos paros" y apeló a la "responsabilidad de los jueces que están siempre a la altura del poder que representan".
Preguntado sobre el derecho a la huelga de los jueces, el teniente fiscal de la Audiencia, Juan Carlos López Coig, señaló que "quien mantenga que los jueces pueden hacer huelga, se quedó dormido en primero de Derecho". Por su parte, el presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro, dijo que los jueces forman parte de los poderes del Estado y como cargos del Estado están obligados a dar servicio al ciudadano y no perjudicarle.
