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M. GALLEGO Aunque la solicitud no se puede formalizar hasta que la plaza aparezca publicada en el BOE -algo que aún no ha sucedido- este diario ha podido saber que la intención tanto de Romero como de López Coig es la de hacer efectiva la petición para ocupar este puesto, aunque no se descarta que pudieran optar más fiscales tanto de los destinados en la actualidad en la provincia como de fuera.
José Antonio Romero lleva once años al frente de la Fiscalía, a donde accedió siendo fiscal antidroga, y le quedan cinco años para jubilarse, los mismos de duración del mandato, lo que habría podido influir en su decisión de optar a la reelección en Alicante pese a que su relación con el fiscal general Estado ha tenido sus baches. Romero no había dejado traslucir hasta ahora su intención de seguir como jefe en Alicante y sólo en alguna ocasión había comentado la posibilidad de regresar a Murcia, de donde es natural.
Juan Carlos López Coig, fiscal que se ha especializado en delitos laborales, lleva tres años como segundo de a bordo de la Fiscalía, donde sustituyó al fallecido Miguel Gutiérrez tras su jubilación. Pero su experiencia como responsable de la organización del trabajo de los acusadores públicos no acaba ahí. López Coig fue durante nueve años el jefe de la Fiscalía de Cuenca, ciudad que dejó para regresar de nuevo a Alicante. Aquí, además de ocuparse de los asuntos que llegan a la Fiscalía sobre delitos laborales, ha sido el coordinador de los juzgados del Palacio de Justicia de Benalúa y se encarga de suplir a Romero cuando éste no está así como de visar las calificaciones de sus compañeros.
En la decisión que adopten, primero el Consejo Fiscal y después el ministro de Justicia, tendrá peso específico el informe que sobre los aspirantes elabore el fiscal superior de la Comunidad, Ricard Cabedo, que también fue fiscal jefe en Alicante y quien antes de pronunciarse se entrevistará con los candidatos en los que valorará, entre otros aspectos, la experiencia, las ideas nuevas y las ganas de trabajar.
La Fiscalía de Alicante está formada por unos ochenta fiscales de los que una treintena son interinos.
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