El Parlamento Europeo critica la "corrupción endémica" del urbanismo en la Comunidad

PERE ROSTOLL. BRUSELAS Un tercer pronunciamiento del Parlamento Europeo vuelve a poner de nuevo en la picota la polîtica urbanística de la Comunidad. El estudio, elaborado por una diputada danesa del grupo verde, llega a hablar de una "corrupción endémica" en la gestion del urbanismo valenciano e, incluso, reclama a Europa la retirada de los fondos de cohesión que recibe España.
El PP, en palabras del eurodiputado valenciano José Manuel Garcia Margallo, tildó de "dislate" y "barbaridad" este nuevo informe y anunció que solicitará la comparecencia del Gobierno de España para que diga si avala las críticas de Europa al urbanismo de la Comunidad.
El informe preliminar, quiza el más duro de las tres investigaciones que se han realizado hasta la fecha, fue presentado el pasado lunes en la comisión de peticiones del Europarlamento. Basado en una "avalancha" de denuncias -muchas de ellas procedentes de Alicante y del eurodiputado verde valenciano David Hammerstein- de afectados y en la última visita de europarlamentarios a la zona, el informe, entre sus conclusiones, llega a hablar de que la falta de claridad y precisión de la legislación sobre la propiedad individual y la tibieza en la aplicación de las leyes urbanísticas está generando una "forma endémica de corrupción".
El documento, que rubrica la eurodiputada danesa Margrete Auker, recomienda a las autoridades que se declare una moratoria urbanística de todos los nuevos planes que se aprueben a partir de ahora al no respetar, en su opinión, los criterios de sostenibilidad medioambiental y social, al tiempo que plantea que se compense a las víctimas -así las define el propio informe- por los excesos en la aplicación de la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, elaborada en su día por el PSPV pero desarrollada por el PP, y de la actual Ley Urbanística Valenciana, pendiente de sentencia judicial por parte del Tribunal de Luxemburgo y que los europarlamentarios entienden que deben ser modificadas sustancialmente para ajustarse a las directrices de la UE.
El texto, una reprobación moral pero que no obliga a nada al Consell -otra cosa sería si interviniera la Comisión Europea-, muestra su apoyo inequívoco a las actuaciones emprendidas tanto por la Sindicatura de Greuges -aunque se refiere al mandato de Emilia Caballero- como a las "cada vez más asiduas investigaciones judiciales, que están aumentando enormemente en los últimos tiempos para restaurar la integridad de algunas de las instituciones afectadas". Con todo, lo más duro es la petición que realiza el informe de que se suspendan los fondos europeos que recibe España mientras no se tomen medidas para poner fin a los abusos urbanísticos.