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VÍCTOR M. ROMERO Las infracciones relacionadas con la seguridad y la salud laboral entre las empresas de la provincia se han agravado en el primer semestre de este año. Así lo pone de manifiesto los datos hechos públicos por la Inspección de Trabajo al destacar que el importe de las sanciones entre los responsables se ha incrementado con respecto al año pasado. En concreto, Trabajo ha registrado 495 infracciones con unas sanciones que superan los tres millones de euros, cuando durante todo el año pasado sancionaron con cuatro millones el doble de infracciones (989).
En opinión de Salvador Roig, responsable de Comunicación de Comisiones Obreras, este dato revela que "las sanciones son más graves y que, por tanto, las infracciones que cometen las empresas en prevención de riesgos laborales también". Al comparar los datos de la provincia con los de Valencia "se aprecia aún más la seriedad de las infracciones porque el importe es más elevado en la nuestra a pesar de levantar tan sólo la mitad de infracciones".
En esta línea, el número de empleados afectados por padecer algún riesgo en su puesto de trabajo también ha aumentado en el primer semestre. Y es que la Inspección de Trabajo ha cifrado en 9.753 el número de trabajadores cuando durante todo el año anterior hubo 11.373, una diferencia de 1.620 empleados a falta de contabilizar los datos del segundo semestre.
"Es un dato muy significativo y saca a la luz que a algunos empresarios les sale más barato pagar la sanción, si les pillan, que cumplir con la normativa", denuncia el responsable de CC OO. Entre los motivos que apuntan desde el sindicato de este incremento de la gravedad de las infracciones destaca la "falta de recursos administrativos, la lentitud de la Justicia y sobre todo la escasez de trabajadores, que ronda la veintena y se ha mantenido en el último año, para efectuar las inspecciones necesarias". De hecho, un estudio elaborado por el sindicato afirma que la tasa por inspector en la provincia es de 20.000 empresas mientras que en Europa es de uno por cada 12.000.
Por su parte, el secretario general de Coepa, Javier López Mora, no considera "especialmente relevante estos datos" y asegura que durante el segundo semestre de este año bajarán por el descenso registrado en la actividad de la construcción". En cuanto al importe de las sanciones, opina que es "necesario saber cuáles son exactamente y en qué consisten para observar su gravedad, aunque ello no resta importancia porque todas las empresas tienen que cumplir la ley".
La infracción leve tiene una multa de 2.000 euros como máximo, las graves de 30.000 y las muy graves pueden llegar a 600.000 euros.
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